• Población desaprueba labor del Parlamento. Sin embargo, ex procuradores aseguran que encuestados son permisivos ante corrupción en poderes del Estado.
Romina Mella.
Encuesta de la Universidad Católica del Perú. Haga click en la imagen para ampliar.
La cuestionada elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, las consecutivas faltas éticas y la contratación de asesores fantasmas han debilitado la imagen del Congreso: en la última encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica, el Legislativo ocupa el primer lugar en el ranking de instituciones corruptas. Le siguen la Policía Nacional y el Poder Judicial.
Según el ex procurador y presidente de Proética, José Ugaz, la percepción de un Poder Legislativo disminuido se ha incrementado debido a que "representantes del gobierno incurren permanentemente en actos de corrupción que terminan siendo escándalos públicos", dijo a La República.
Del mismo parecer fue el ex procurador Ronald Gamarra, quien refirió que el Congreso arrastra una mala imagen de años anteriores y la ciudadanía es cada vez más perceptiva.
"Frente a un acto de corrupción de un congresista, el Parlamento debe automáticamente aceptar los pedidos del Poder Judicial de levantamiento e la inmunidad", sostuvo Gamarra.
"Además, debe declararse la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción", explicó Gamarra: "Un funcionario público tiene que ser perseguido por la justicia independientemente de cuánto tiempo transcurra".
También planteó que deberían modificarse las leyes para que cualquier funcionario del Estado que cometa delitos esté impedido de ingresar en la función pública.
Permisividad limeña
El sondeo de la U. Católica reveló la tolerancia de la población frente a la corrupción y la impunidad, debido a que casi el 90 por ciento de los encuestados manifestó ser tolerante a la misma, a pesar de que el 75 por ciento insistió en que la corrupción es un problema muy grave.
Para José Ugaz hay una tendencia a la permisividad de parte de la población. "Si uno no tiene la percepción definida, entonces asume un nivel de tolerancia o flexibilidad", dijo.
Hacer de la vista gorda
"No hay una actitud principista ni ética, y esto tiene que ver con la impunidad con que la corrupción se ha manejado", refirió Ugaz.
Según el director del Instituto de Opinión Pública de la PUCP, Fernando Tuesta, se ha desarrollado una cultura permisiva frente a los delitos cometidos por los funcionarios públicos.
Tuesta apuntó que hay una posición contradictoria de los limeños con respecto al tema en cuestión. Ello radicaría en lo que la población entiende por corrupción. "No se han dibujado trazos firmes", indicó.
Bajo esta premisa, para el 38 por ciento de los encuestados es corrupción conseguir beneficios propios aprovechando el cargo público. Mientras que para la quinta parte estafar o robar en perjuicio de otro constituye un delito.
Otro punto rescatable es la valoración de la honestidad y la autoevaluación de los limeños encuestados. Un 59 por ciento calificó a los peruanos como deshonestos, mientras que un dos por ciento se autodenominó como honesto.
Extraño optimismo
A pesar de que el sondeo concluyó que el 73 por ciento de la población apuesta por la premisa de que las personas se corrompen cuando entran en política, otro 64 por ciento manifestó que es posible trabajar en ella y no incurrir en corrupción.
Al respecto, José Ugaz observó una tendencia esperanzadora de las personas "de que en algún momento cambiará la política cuando aparezcan actores que no se dejen corromper".
La mayoría de limeños consultados manifestó que las medidas más adecuadas para combatir los distintos tipos de corrupción son la educación en valores en las escuelas, un Poder Judicial más efectivo y penas más elevadas para los que cometan delitos.
No denuncian por desconfianza
Según la encuesta de la Católica, a pesar de que el grueso de la población rechaza todos los actos de corrupción, sólo un 27 por ciento dijo haber formulado denuncias contra los responsables ante las instancias correspondientes.
En los argumentos del 73 por ciento restante que no se animó a entablar ninguna denuncia, una mayoría aseveró que era una pérdida de tiempo.
Más de la mitad de encuestados consideró que el régimen dictatorial de Alberto Fujimori ha sido el gobierno más corrupto. El primer gobierno de Alan García quedó en segundo lugar con un 22 por ciento.
En lo que va del actual gobierno, el 52 por ciento de los encuestados señaló que es menos corrupto que los anteriores. Además, un 37% refirió que es tan corrupto como los anteriores.
Acerca de los casos que la población considera que no constituyen un acto de corrupción están el no pagar pasaje de transporte público y comprar productos piratas, entre otros. LA REPUBLICA del Lunes, 18 de Junio 2007
