Política | Sáb. 27 jun '09
La presentación de los ministros Yehude Simon y Mercedes Cabanillas en el Pleno del Congreso no hizo sino confirmar que el Gobierno sigue considerando que los factores externos causan los conflictos sociales en el país. No son los indígenas amazónicos ni los campesinos de Sicuani o de Andahuaylas los que, de acuerdo con sus convicciones, deciden tomar medidas para lograr lo que consideran necesario para su bienestar.
El premier, que durante el conflicto en la Amazonía hizo los máximos esfuerzos por aceptar a los dirigentes indígenas como interlocutores válidos, declaró que la inmolación de los policías se originó por la intención de “evitar una masacre que los intereses desestabilizadores querían provocar”. ¿Se refirió a los “nacionalistas”, a agitadores profesionales u otros terceros interesados?.
La ministra Mercedes Cabanillas fue explícita. Afirmó que hubo “grupos violentistas (que) trabajan desde la llamada Coordinadora Continental Bolivariana y la Coordinadora Política Social, las cuales promueven y financian revueltas; y, también, la llamada Cumbre de los Pueblos”. Dijo que “ese país (Bolivia) viene exportando hacia el Perú el modelo del caos y la anarquía, que busca como fase final el derrocamiento del régimen democrático”.
Incluso aceptando que de todo eso hay, esta peligrosa manera de explicarse lo que sucede linda con lo absurdo: se niega a ver que hay problemas, y graves; que las demandas obedecen a preocupaciones reales de los que se movilizan. En agosto y setiembre del 2008, las mismas comunidades actuaron con iguales propósitos que ahora. Por otra parte, el 92% de la población encuestada por Ipsos Apoyo considera que el Gobierno debió consultar a los afectados antes de promulgar los decretos legislativos que atañen sobre todo al mundo rural.
La cerrazón de la ministra, que quiere explicar todo gritando ¡complot!, la sufren bien poquitos, tal como lo refleja esa encuesta. Lo delicado es que si tal es el ánimo de los gobernantes, persistirán en legislar con el espíritu de los decretos derogados y volverán a responsabilizar a radicales cuya existencia no explica la dimensión de lo que ocurre. Esta obcecación quiere negar que la gran mayoría de los que protestan quiere diálogo, participación en las decisiones, garantías y seguridad de verse beneficiada –y si no, considera que la situación actual no se debe modificar porque puede ser para peor–.
El Apra olvida que en el 2006 llamó a votar por un “cambio responsable”, es decir, por reformas moderadas incluyentes. A este paso, si no hay enmienda, la población puede convencerse de que el 2011 será mejor votar por un “cambio radical” antisistema. Así, la teoría del complot y la negación de los problemas reales cimentan una creciente polarización social y electoral del país.
El premier, que durante el conflicto en la Amazonía hizo los máximos esfuerzos por aceptar a los dirigentes indígenas como interlocutores válidos, declaró que la inmolación de los policías se originó por la intención de “evitar una masacre que los intereses desestabilizadores querían provocar”. ¿Se refirió a los “nacionalistas”, a agitadores profesionales u otros terceros interesados?.
La ministra Mercedes Cabanillas fue explícita. Afirmó que hubo “grupos violentistas (que) trabajan desde la llamada Coordinadora Continental Bolivariana y la Coordinadora Política Social, las cuales promueven y financian revueltas; y, también, la llamada Cumbre de los Pueblos”. Dijo que “ese país (Bolivia) viene exportando hacia el Perú el modelo del caos y la anarquía, que busca como fase final el derrocamiento del régimen democrático”.
Incluso aceptando que de todo eso hay, esta peligrosa manera de explicarse lo que sucede linda con lo absurdo: se niega a ver que hay problemas, y graves; que las demandas obedecen a preocupaciones reales de los que se movilizan. En agosto y setiembre del 2008, las mismas comunidades actuaron con iguales propósitos que ahora. Por otra parte, el 92% de la población encuestada por Ipsos Apoyo considera que el Gobierno debió consultar a los afectados antes de promulgar los decretos legislativos que atañen sobre todo al mundo rural.
La cerrazón de la ministra, que quiere explicar todo gritando ¡complot!, la sufren bien poquitos, tal como lo refleja esa encuesta. Lo delicado es que si tal es el ánimo de los gobernantes, persistirán en legislar con el espíritu de los decretos derogados y volverán a responsabilizar a radicales cuya existencia no explica la dimensión de lo que ocurre. Esta obcecación quiere negar que la gran mayoría de los que protestan quiere diálogo, participación en las decisiones, garantías y seguridad de verse beneficiada –y si no, considera que la situación actual no se debe modificar porque puede ser para peor–.
El Apra olvida que en el 2006 llamó a votar por un “cambio responsable”, es decir, por reformas moderadas incluyentes. A este paso, si no hay enmienda, la población puede convencerse de que el 2011 será mejor votar por un “cambio radical” antisistema. Así, la teoría del complot y la negación de los problemas reales cimentan una creciente polarización social y electoral del país.
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