Escolares participaron en Simulacro Nacional de Sismo

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Ocho millones de alumnos en 90 mil centros educativos del país. Población del Callao también tuvo ensayo de sismo y tsunami.

Más de ocho millones de escolares de todo el país participaron ayer del segundo simulacro de sismo organizado por el Ministerio de Educación. La jornada –que convocó a colegios públicos y privados– se realizó durante el día en turnos de 10 am, 3 pm y 8 pm. Al oír las alarmas los estudiantes salieron de sus aulas para ubicarse en lugares seguros previamente establecidos por los comités de Defensa Civil de cada centro educativo.

Concientización

En el interior del país el ensayo también se realizó de acuerdo a lo dispuesto. En la región Junín fueron alrededor de 400 mil estudiantes los que participaron. En Chiclayo, junto al simulacro de sismo, se organizaron otras actividades de concientización, como conferencias y presentación de estudios sobre las zonas más expuestas ante un posible desastre natural.

Por otra parte, en el Callao toda la población se sumó al simulacro. Un sismo de 6.5 grados en la escala de Richter y una alerta de tsunami dejó el saldo de 8 “muertos” y 20 “heridos” en el primer puerto del país. Las alarmas sonaron a las 9:30 de la mañana en el balneario de Chucuito y la población se desplazó hacia áreas seguras en una jornada en la que participaron la brigada de rescate de la Policía, efectivos de Serenazgo y de Defensa Civil.

Precisiones

Otros simulacros. Fueron 5 los simulacros programados para este año por el Ministerio de Educación. El tercer ensayo será el día 12 de agosto, el cuarto será el día 9 de setiembre y el último el 14 de octubre.

Solidaridad. Las actividades se realizaron en el marco del Día de la Solidaridad (31 de mayo), en memoria de las personas afectadas por el sismo de Áncash en 1970.

Keiko Fujimori pagaba estudios al “cash”

Acabó universidad en 1997 y su papá recién le dio dinero en 1999 para la universidad. Ni un solo documento acredita que dinero de Pinerolo se destinó a los gastos universitarios en Estados Unidos.

Ángel Páez.

Ahora se sabe con exactitud cuándo acabó su carrera Keiko Fujimori Higuchi: en mayo de 1997. Un año y 11 meses después de haber concluido sus estudios en la Universidad de Boston, el 13 de abril de 1999 ella depositó en una cuenta mancomunada con su hermana Sachi en el Citibank el cheque por US$ 83 mil 687 que le entregó su padre Alberto Fujimori para que supuestamente pagara sus estudios. Sachi también lo hizo. El dinero provenía de la segunda parte de los US$ 669 mil 500 que Fujimori recibió en pago por su propiedad en la calle Pinerolo. De acuerdo con Keiko Fujimori, con ese fondo se cubrieron sus gastos estudiantiles, así como los de sus hermanos en Estados Unidos. Sin embargo, no está acreditado que los US$ 83 mil 687 fueron transferidos a cuentas de la Universidad de Boston.

De acuerdo con un reporte del movimiento bancario de Keiko Fujimori, que entregó el Citibank al Congreso el año 2001, el ocho de abril de 1999 ella abrió la cuenta mancomunada con Sachi con US$ 80 mil en efectivo. Al Citibank le bastó que Keiko Fujimori dijera que el dinero se lo había dado su papá el Presidente y no hizo más preguntas. Allí las hermanas depositaron sus cheques por US$ 83 mil 687 cada una. Sin embargo, del total amasado en la cuenta mancomunada –US$ 247 mil 375–, ni un dólar fue transferido a ninguna universidad norteamericana sino que Keiko Fujimori hizo un depósito a plazo fijo que renovó hasta tres veces para, finalmente, el siete de marzo de 2001, retirar el dinero en efectivo y cancelar la cuenta.

PLATA CALIENTE

Es decir, tres años y 11 meses después de haber concluido su carrera en la Universidad de Boston, sacó el dinero que le entregó su padre –US$ 80 mil en efectivo y US$ 83 mil 687 en cheque– y lo gastó no se sabe en qué.

Keiko Fujimori no ha demostrado, por intermedio de su vocero oficial, el congresista Rolando Sousa Huanambal, que el total de US$ 163 mil 687 que recibió de su progenitor –los US$ 80 mil en efectivo y los US$ 83 mil 687 en cheque– se destinó a la Universidad de Boston. Y esto se explica porque cuando Fujimori le proporciona la plata a su hija, esta ya había concluido sus estudios en esa universidad. El registro de pagos lo demuestra:

•US$ 9 mil 727, el nueve de octubre de 1994.
•US$ 3 mil 710, el 13 de octubre de 1994.
•US$ 10 mil 711, el 19 de enero de 1995.
•US$ 5 mil 800, el dos de septiembre de 1995.
•US$ 2 mil 500, el tres de septiembre de 1995.
•US$ 868, el 14 de septiembre de 1995.
•US$ 10 mil 050, el 18 de enero de 1996.
•US$ 8 mil 500, el seis de agosto de 1996.
•US$ 2 mil 602, el 11 de septiembre de 1996.
•US$ 5 mil 600, el 15 de enero de 1997.
•US$ 4 mil 732, el ocho de abril de 1997.

Esto sin contar los abonos al Stony Brook University de Nueva York por US$ 17 mil 684, pagados entre enero de 1993 y mayo de 1994.

Sousa, ex abogado defensor de Fujimori y del general en retiro Nicolás Hermoza Ríos, quien purga condena por corrupción, manifiesta que al haber archivado la Corte Suprema el caso de la venta fraudulenta de la propiedad de Pinerolo, está demostrado que fue “limpio” el financiamiento de los estudios de los hijos de Fujimori. La sentencia, empero, no está relacionada con el destino de los US$ 669 mil 500 que obtuvo Fujimori por dicho inmueble. Eso no se judicializó.

El registro de pagos de Keiko Fujimori a la Universidad de Boston también revela que del total que abonó por los estudios, US$ 34 mil los hizo al “cash” y el resto mediante cheques. ¿De qué cuenta bancaria salieron esos cheques para abonar los semestres universitarios entre septiembre de 1994 y mayo de 1997? Según los registros bancarios, recién el 20 de noviembre de 1997 –medio año después de haber terminado en Boston– ella abrió una cuenta en el Citibank con US$ 1,500. Entonces, ¿quién le dio el efectivo? ¿Y los cheques? Esto no se resuelve con un baile.

Claves

Estudios. Antes de ingresar en la Universidad de Boston, entre enero y mayo de 1993, estudió inglés en la Stony Brook University de Nueva York y gastó US$ 7 mil 203.

COMIENZO. Luego estudió dos semestres de administración en la misma universidad, entre septiembre de 1993 y mayo de 1994, lo que le demandó un gasto de US$ 17 mil 684. Keiko Fujimori suma esto con lo gastado en Boston y totaliza US$ 93 mil 092.

La pobreza baja aún a paso lento

Durante el 2008 se redujo de 39.3% a 36.2%, según el INEI. Más de la tercera parte de la población vive con menos de   S/. 251 al mes. Caída de la pobreza pudo ser mayor de no ser por alta inflación.

José Carlos Reyes

Avance, pero a paso lento. La pobreza en el Perú durante el 2008 se redujo en 3.1 puntos porcentuales respecto al año anterior, al pasar de 39.3% en 2007 a 36.2% el año pasado, según el informe presentado ayer por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Cabe resaltar que esta reducción es menor a la obtenida durante el 2007, cuando disminuyó en 5.2 puntos porcentuales respecto al 2006, pasando de 44.5 a 39.3%. 

Se considera pobre a la población que tiene un nivel de gasto inferior al costo de la canasta básica de alimentos y el costo básico de bienes y servicios (vestimenta, vivienda, movilidad, etc.). Sumando ambos factores se fijó la línea de la pobreza en S/. 251. Es decir, aun más de la tercera parte de la población subsiste con esa cantidad de dinero al mes (ver infografía).

Doble efecto por precios   

Respecto a la caída de la pobreza en el 2008, el jefe del INEI, Renán Quispe, afirmó que se debe al incremento de 13.1% en el ingreso per cápita de los pobladores de las áreas rurales.

Por ello, Quispe destacó que la mayor disminución de la pobreza se registró en el área rural, que pasó de 64.6% en 2007 a 59.8% durante 2008. “Los resultados demuestran que los poductores agrarios fueron beneficiados con el alza de precios que se registró el año pasado debido al contexto internacional”, dijo.

Sin embargo, la alta inflación del 2008 (7.23% a nivel nacional) tuvo un efecto en la capacidad adquisitiva del resto de la población. Así, la pobreza en el área urbana  apenas bajó en 2.2 puntos porcentuales. 

Debido a eso, Jaime Saavedra, gerente del Grupo de Pobreza de América Latina y el Caribe del Banco Mundial (una de las entidades asesoras del estudio del INEI), dijo que la reducción de la pobreza sería mayor de no haber existido alta inflación.
peligra la meta 2011

Asimismo, Saavedra resaltó que ahora ya no se tiene la certeza previa a la crisis de que el gobierno cumpla la meta de reducir la pobreza a 30% hacia el 2011. “Esto dependerá de la efectividad con la que se implementen las políticas anticíclicas del gobierno y del tiempo que tarde la crisis”, afirmó a La República.

En ello coincidió el presidente de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza (MCLCP), Federico Arnillas. “El crecimiento económico no lo es todo”, señala, pues en vastas zonas rurales persisten altos índices de pobreza. “Por cada punto de crecimiento del PBI se reduce en  0.3 puntos de pobreza, pero como mínimo deberían reducirse 0.5 puntos (así la pobreza habría bajado 5 puntos porcentuales el 2008). Ahora debemos evitar que la desaceleración de la economía se traduzca en mayor pobreza en los próximos años”, apuntó Arnillas. 

El Gobierno “patinó” al anticipar cifras

La reducción de la pobreza en el 2008 de 3.1 puntos porcentuales (36.2%) confirmó la ‘equivocación’ en la que cayeron diversos anuncios propagandistas del gobierno de las últimas semanas, en los que se destacaba que la pobreza en el 2008 habría bajado 4 puntos porcentuales (hasta 35%). 

Por ello, en un comunicado de prensa, el comité asesor del estudio del INEI (conformado por el Banco Mundial, Grade, IEP, Universidad Católica, la MCLCP, entre otras entidades) expresó su “extrañeza” por el hecho. Señalan que dicha información no surgió del comité (el INEI también negó que haya adelantado información), por ello recomendaron al Gobierno abstenerse de adelantar opinión hasta la presentación oficial de las cifras.

El comité también recomendó al INEI cambiar la línea de base usada para medir la pobreza (data de 1997), pues los estándares de consumo podrían estar subestimados y con ellos el nivel de pobreza.

Susana Higuchi desmiente a Keiko

Madre de congresista declaró ante autoridades judiciales que ella no pagó nada por estudios de sus hijos. Ex esposa de Fujimori manifestó también que ningún miembro de su familia tampoco contribuyó con un solo dólar.

Ángel Páez.

“Voy a explicar cómo se sustentó y se solventó el gasto de mis hermanos y de los míos. En el año 1990 mis padres llegaron con ingresos superiores a los 400 mil dólares, fruto de la construcción de más de 30 viviendas”, explicó la congresista Keiko Fujimori Higuchi en el Congreso, el martes 19 de mayo: “El día de ayer conversé con mi madre (Susana Higuchi) y ella me ha dicho que tenían (los esposos Fujimori) ingresos por más de 400 mil dólares,  pero voy a asumir que solamente tenían 400 mil dólares”. 

De acuerdo con Keiko Fujimori, además de los US$ 400 mil, se destinaron al financiamiento de su carrera y las de sus hermanos en Estados Unidos US$ 150 mil, que le prestó a su padre su tía Rosa Fujimori de Aritomi, y US$ 669 mil 500, que ganó el ex jefe del Estado con la venta de un inmueble de su propiedad en la calle Pinerolo. “Si sumamos, dan más de un millón de dólares, lo que sustenta y solventa absolutamente por casi el doble los gastos originados por los estudios de mis hermanos y los míos”.

Susana Higuchi, sin embargo, ha declarado contundentemente que ni ella ni ningún miembro de su familia financió los estudios de sus hijos en las universidades de Boston, Columbia y Kansas. El desmentido de Higuchi alcanza la otra versión de Keiko Fujimori de que supuestamente sus abuelos maternos –los padres de Susana Higuchi– también contribuyeron en la cobertura de los gastos universitarios. La ex cónyuge de Fujimori ha sido tajante en negarlo. 

El 23 de abril de 2001, más de siete años después de la separación de Fujimori, declaró ante la fiscal Luz del Carmen Ibáñez que no aportó un centavo al financiamiento de la carrera de Keiko, Hiro, Sachi y Kenyi.

“¿Cuánto costaron los estudios de sus hijos en el extranjero y quién costeó dichos gastos”, le preguntó la fiscal Ibáñez.
“Desconozco cuánto ha sido el costo de los estudios (...), pero sí debo aclarar que presumo que el investigado (Alberto Fujimori) ha pagado y paga tales estudios, ya que ni la declarante (Susana Higuchi) ni su difunto padre (Koshiro Higuchi Uemura) han pagado nunca nada referente a los estudios de sus hijos, ni los viajes que estos han realizado dentro del Perú ni al extranjero, así como tampoco la compra de autos, pago de alquiler de departamento u otros”.

NI PARA EL TÉ

Y cuando le preguntaron si su ex marido ganaba lo suficiente para costear los estudios de sus hijos, respondió que “los ingresos del investigado en 1993 eran 502 soles (...), no conociendo que tuviera ingresos por otros conceptos o trabajos. Por esos años le manifestó (Fujimori) que era lo único que ganaba”.  ¿Dónde están los US$ 400 mil que dijo Keiko Fujimori amasaban sus padres cuando llegaron al poder? La congresista, evidentemente, tiene un problema con la verdad.

Por segunda ocasión, esta vez ante el vocal supremo José Luis Lecaros, el 12 de mayo de 2003 Susana Higuchi ratificó que no contribuyó con el financiamiento de los estudios de sus hijos en universidades norteamericanas. Y añadió que su ex esposo Alberto Fujimori manejaba dinero en efectivo en Palacio de Gobierno y que en una ocasión vio un millón de dólares en efectivo. 
“¿Cuánto gastó Fujimori en la educación de sus hijos?”, interrogó el vocal Lecaros.

“No lo sé y tampoco sé cuál fue el monto de los pagos periódicos que se hacían a los colegios y universidades debido a que a partir del año noventa no llevo más las cuentas familiares”, contestó. Susana Higuchi no mencionó para nada la existencia de los US$ 400 mil y mucho menos que con ese fondo  pagó la universidad a sus cuatro vástagos.

Keiko Fujimori también dijo recientemente que sus abuelos maternos colaboraron con dinero para sufragar los costos de la carrera universitaria de sus nietos. Lecaros preguntó al respecto: “¿La declarante o su familia solventaron en todo o en parte el gasto de los estudios de sus hijos”. “No”, respondió. No significa no, Keiko Fujimori Higuchi. 

CLAVES

CASH. Susana Higuchi declaró a la fiscal Luz del Carmen Ibáñez que en 1994, al enterarse de los manejos de las donaciones japoneses, decidió retirarse de Palacio de Gobierno y que su entonces esposo intentó disuadirla ofreciéndole dinero.

CÁLLATE. “Me dijo que no me fuera y (mostrándome cajas con un millón de dólares) me manifestó que si lo quería que me quedara. Me manifestó que ese dinero se lo habían dado (Víctor) Joy Way, (Jaime) Yoshiyama, Jorge (Camet), (Efraín) Goldenberg, empresarios coreanos, japoneses y otros personajes”. No aceptó.

Keiko Fujimori dice que le sobraba dinero

afirma que los gastos universitarios fueron de US$ 556 mil y que su padre tenía más de un millón. Inconsistencias en la versión de legisladora justifica investigación de las autoridades sobre financiamiento de sus estudios.

Ángel Páez

En su defensa, la congresista Keiko Fujimori Higuchi afirma que son tres las principales fuentes de financiamiento de sus estudios y los de sus tres hermanos en universidades estadounidenses: (1) los US$ 400 mil de ahorros que guardaban sus padres cuando Alberto Fujimori comenzó a gobernar, en 1990; (2) los US$ 120 mil que le prestó su tía Rosa Fujimori de Aritomi a su progenitor Alberto Fujimori y que este devolvió en 1998; y (3) los US$ 669 mil 500 que ganó Fujimori por la venta de un terreno en la calle Pinerolo, en Monterrico, Surco.

“Si sumamos todo, da más de un millón de dólares (US$ 1 millón 219 mil 500), lo que sustenta y solventa absolutamente por casi el doble los gastos originados por los estudios que fueron por (un total de) 556 mil dólares”, dijo Keiko Fujimori en la conferencia de prensa en el Congreso. Pero las matemáticas fujimoristas tienen un problema con la realidad. Peor aun, la candidata naranja no ha proporcionado un solo documento que demuestre que dicho dinero ingresó en la cuenta de alguna de las universidades en las que se graduaron ella y sus hermanos.

1. ¿De dónde salieron los US$ 400 mil?

De acuerdo con los reportes de la Superintendencia de Administración Tributaria (Sunat) y de los bancos donde Fujimori tenía cuentas al momento de comenzar su gobierno, no acreditan ingresos que justifiquen ahorros de US$ 400 mil y mucho menos aparece consignada dicha cifras en cuentas de ahorros. “Mi mamá me dijo que sus ingresos superaban los US$ 400 mil”, expresó.
Keiko Fujimori afirmó que buena parte de los US$ 400 mil eran producto del negocio inmobiliario de sus padres. Sin embargo, parece que este no les proveía de demasiado dinero, porque entre 1992 y 1999 Fujimori declaró a la Sunat 79 mil soles como ingreso por el alquiler de viviendas. Pero hay algo más contundente. El 23 de abril de 2001, Susana Higuchi declaró ante las autoridades que no aportó dinero para la educación de sus hijos en el extranjero. Un testimonio que contradice a Keiko Fujimori.

2. ¿dónde está la prueba de que la tía rosa pagó la universidad

No obstante que llegó a Palacio de Gobierno con US$ 400 mil ahorrados, Keiko Fujimori aseguró que su padre recibió un préstamo de US$ 120 mil de parte de su tía Rosa Fujimori en una fecha que no precisó. Y que en 1998 Alberto Fujimori devolvió el monto al vender su propiedad de Pinerolo. 

La verdad es que fueron US$ 150 mil y no US$ 120 mil. El 28 de junio de 1996, Rosa Fujimori depositó a plazo fijo US$ 212 mil 488 de origen desconocido en el NBK Bank de Lima, y de esa suma, el 26 de setiembre del mismo año, le extendió a Alberto Fujimori un cheque por US$ 150 mil. Fujimori luego entregó el dinero al ex ministro Antonio Páucar Carbajal, quien es la persona que en realidad aportó el préstamo.  Rosa lo que hizo fue suministrar a su hermano US$ 150 mil para honrar una deuda con Páucar. No está acreditado que el dinero de Antonio Páucar y de Rosa Fujimori sufragó los estudios universitarios.

3. ¿POR QUÉ NO LLEGÓ LA PLATA DE PINEROLO A LAS UNIVERSIDADES NORTEAMERICANAS?

Keiko Fujimori también arguye que con los US$ 669 mil 500 que ganó su padre por la venta del terreno de Pinerolo alcanzaba y sobraba para justificar el financiamiento de las universidades. Pero está probado que los cheques por US$ 167 mil 376 que su padre entregó a ella y a su hermana Sachi los cobró en 2001, cuando ambas habían terminado la universidad. Y que los cheques por US$ 167 mil 376 que correspondía a sus hermanos Hiro y Kenyi se transfirieron a las cuentas de su tío Víctor Arimoti en la oficina panameña del Banco do Brasil. Keiko Fujimori afirma que su padre amasó US$ 1 millón 219 mil 500, pero no prueba que parte de este dinero se transfirió a las cuentas de las universidades donde estudiaron ella y sus hermanos. Ese es el desafío.

Alcaldes deberán rendir cuentas del gasto dos veces por año

NORMA ESTÁ EN MANOS DEL PODER EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN

http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/alcaldes-deberan-rendir-cuentas-gasto-dos-veces-ano/20090524/290916

El concejo los podría suspender si no cumplen con audiencias, según Ley de Municipalidades

¿Cuántas municipalidades convocan a audiencias públicas para rendir cuentas del gasto público? Aunque en Lima, la mayoría de los alcaldes ha cumplido con poner en práctica la Ley Marco del Presupuesto Participativo para que sus vecinos decidan el destino de una parte de los recursos municipales, son pocos los que convocan a rendiciones de cuentas por iniciativa propia.

Las municipalidades de Miraflores, San Borja y Jesús María son de las pocas que lo han hecho aunque en forma eventual. Por ello, entre las 40 modificaciones a la Ley Orgánica de Municipalidades aprobada por el pleno del Congreso se contempla como obligación de los alcaldes rendir cuentas del gasto en dos audiencias públicas por año. “Los que incumplan con la ley serán sancionados con la suspensión de no menos de 30 días sin goce de haber”, indicó ayer la congresista Rosa Florián, autora de las modificaciones y presidenta de la Comisión de Descentralización y Gobiernos Locales.

La misma sanción tendrán si no convocan al proceso de elaboración del presupuesto participativo anual o no convocan a sesiones del consejo de coordinación local.

Para Marco Tulio Gutiérrez, presidente del Instituto Peruano de Administración Municipal (IPAM), esta modificatoria tiene un vacío riesgoso, pues no se ha fijado el tope máximo de días que puede ser suspendido un alcalde. El Poder Ejecutivo deberá analizar la norma antes de promulgarla.

Vecinos consultados creen que las precisiones sobre la rendición de cuentas mejorarán la transparencia en la administración del presupuesto municipal. “Es un paso importante para tener más oportunidades de hacernos escuchar”, declaró Fabiola Lazo, vecina de Jesús María. “De esta manera podremos vigilar mejor en qué se gasta el dinero”, añadió Olga Villavicencio, de Miraflores.

Otra modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades contempla la vacancia de los alcaldes cuando no atienden en su jurisdicción o viven fuera de ella. Gutiérrez señaló que en este caso se debió precisar excepciones como las situaciones de violencia social que obligan a los alcaldes a trasladarse a otros lugares para sesionar.

RELACIONES COMUNITARIAS
Este Diario, a través de su Área de Relaciones Comunitarias, ha impulsado también las audiencias públicas para la rendición de cuentas. Desde el 2002 ha realizado 70 audiencias, de las cuales 41 fueron vecinales, nueve sectoriales y 20 regionales. Los alcaldes y autoridades regionales han sido convocados para participar en estas citas democráticas.

PRECISIONES
Oposición gana poder
La congresista Fabiola Morales se mostró en desacuerdo con varias de las modificaciones a la Ley de Municipalidades porque se le otorga demasiado poder a los regidores de oposición.

Los alcaldes opinan
Mientras que algunos alcaldes distritales, como Enrique Ocrospoma (Jesús María), han saludado las modificaciones, otros, como Juan Manuel del Mar (Surco) y Gustavo Sierra (Surquillo), piden que sean observadas.

COFOPRI

Darán partida para analizar expropiación

Ministra de Vivienda, Nidia Vílchez, afirma que existen 43 proyectos en estudio

Con una partida de 20 millones de soles que le será dada en las próximas semanas, el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) continuará los estudios de expropiación de terrenos en centros poblados y asentamientos humanos, anunció ayer la ministra de Vivienda, Nidia Vílchez Yucra.

En su visita al Módulo Perú de Pamplona Alta, la titular del sector aseveró que solo con la titulación de terrenos, tras las expropiaciones, los propietarios podrán acceder a los servicios básicos de agua, desagüe, electrificación, etc.

“Contamos con 43 proyectos de expropiación en estudio, para lo cual se han invertido 3,5 millones de soles”, sostuvo.

La ministra Vílchez manifestó también que Cofopri ya había entregado siete expedientes, con sus respectivas tasaciones, listos para la expropiación. No precisó los lugares a los que estos expedientes se refieren.

El compromiso del padre Arana

Hace ya algunos meses el rumor va creciendo: Marco Arana, sacerdote vinculado a la defensa de los derechos de las comunidades afectadas por la actividad minera, sería el futuro candidato presidencial de Tierra y Libertad, un movimiento que tiene entre sus principales banderas la defensa del medio ambiente y los recursos naturales.

Por Raúl Mendoza

Al padre Marco Arana le han dicho de todo desde que se puso del lado de las comunidades en sus reclamos contra las empresas mineras en su natal Cajamarca: “cura rojo”, “agitador”, “demagogo” y hasta “diablo”. Nada de eso lo ha alejado de su labor pastoral, ni le ha hecho desistir de defender el medio ambiente, ni le ha quitado el respeto de la gente que conoce su labor. Hoy encabeza el movimiento Tierra y Libertad y existe la posibilidad de que sea candidato presidencial el 2011.

Su prédica por la defensa de los derechos humanos y ambientales ha calado en un país donde la mayoría de conflictos actuales son de ese tipo. “La defensa del tema medioambiental tiene que ver con la defensa de la vida y con el futuro. Por eso la gente se adhiere”, dice. El movimiento está construido alrededor de esa idea. Su figura convoca a organizaciones sociales, frentes de defensa, juntas de usuarios, alcaldes, autoridades regionales, bases de partidos e intelectuales “progres”.

Y ese liderazgo va agarrando cuerpo. Tanto que el Partido Socialista, que hasta hace poquito nomás dejaba entrever su apoyo a la candidatura de Ollanta Humala, ahora ve con expectativa la figura de Arana. En reunión de su comisión política hace poco más de una semana acordaron “buscar la unidad con todos los movimientos y partidos progresistas”, entre ellos Tierra y Libertad. En el interior del PS hay quienes tienen dudas de que Humala sea el ‘candidato natural’ a quien seguir. Al sacerdote, en cambio, su pasado lo respalda.

“Arana es un luchador social con una trayectoria de más de veinte años, intachable y con luchas populares victoriosas en Cajamarca. Desde ese punto de vista, no veo impedimento para consolidar la unidad con el colectivo del que forma parte. Eso sí, el candidato que encabece la unidad de la izquierda y las fuerzas progresistas, tendrá que obtener la confianza y el voto de todas las organizaciones que se sumen”, dice Susel Paredes, secretaria general del Partido Socialista.

No es un secreto que un sector del PS, los más jóvenes, apoyan al sacerdote. Y no son los únicos. Él mismo lo explica en medio de una breve visita a Lima: “Hay diversas fuerzas, incluso sectores de otros partidos y hasta grupos evangélicos, que me piden aglutinar esfuerzos”. ¿Puede ser Arana el candidato de la izquierda, la centroizquierda y los sectores progresistas para el 2011? Puede ser. Quizá tratando de curarse en salud, el nacionalismo –a través de su vocero Carlos Tapia– ha planteado que integre la plancha de Humala. Pero hasta ahora no se oye, padre.

Tierra y Libertad

Como ha dicho un colega periodista, la trayectoria de Marco Arana –sociólogo y sacerdote desde hace casi 20 años– bien vale una misa. Y eso se expresa en la ‘pegada’ que empieza a tener. “No se ha lanzado una candidatura oficial pero está claro que Marco Arana es el eje de la convocatoria y la garantía de que este es un movimiento transparente. La aceptación a su figura es sorprendente”, explica David Roca, personero del movimiento Tierra y Libertad. Hoy tienen bases a nivel regional y están haciendo las últimas precisiones a los estatutos y a la propuesta programática.

Arana ha tenido –y tiene– notoria presencia mediando en los conflictos entre las comunidades y las empresas mineras. Su lucha, dice, no es contra la inversión minera, sino contra la contaminación provocada por esta actividad a tierras y fuentes de agua. No es lo único. “Tengo un compromiso social con repercusión política hace años”, dice. De estudiante fue presidente del Centro Federado de Sociología de la Universidad de Cajamarca y su labor pastoral siempre ha estado vinculada a los más pobres y a las organizaciones sociales de su región.

Hoy participa en Tierra y Libertad junto a dirigentes sociales, autoridades locales y profesionales críticos al modelo. Los de mayor presencia mediática son el economista Pedro Francke, el sociólogo Carlos Reyna, los ambientalistas José de Echave y Juan Aste, el médico Julio Castro Castro en Piura, el sociólogo Álvaro Campana en el Cusco. Hay un comité político transitorio con representantes de varias regiones. Por el momento Arana es un miembro más que aporta ideas.

Pedro Francke explica tres planteamientos claves de T y L: 1) Una estrategia de desarrollo con equilibrio respecto al medioambiente, mejor aprovechamiento de los recursos naturales y diálogo permanente con las comunidades. 2) La descentralización del país, la reforma del Estado y la lucha contra la corrupción. 3) Una economía al servicio de las necesidades de la gente porque “hoy unos pocos se llenan los bolsillos y la gente no ve mejoras en educación, salud y salarios, por ejemplo”.

Considerando el primer punto, ¿se trata acaso del primer ‘partido verde’ en el Perú? “No es un partido exclusivamente ambientalista, como hay en Europa, porque el país exige una agenda más amplia. Pero el cambio climático en el planeta y la defensa del derecho a la tierra, el agua y la vida, hacen que el tema medioambiental hoy sea importantísimo. En el Perú será uno de los temas claves en las próximas elecciones”, explica Francke. Como se ve, el perfil de Tierra y Libertad le calza bien a Arana. El movimiento ha comprado su kit electoral y ahora recaba firmas para inscribirse.

¿Un outsider?

En las últimas campañas electorales, Arana recibió invitaciones para ser candidato en Cajamarca, pero siempre dijo no. Ahora las cosas han cambiado. “En otros procesos la posibilidad de conglomerar una fuerza de unidad no se veía posible. Hoy en cambio hay una gran fragmentación. Y se ha impuesto un modelo político y económico autoritario que pone en peligro la democracia. Como se puede ver cada vez más, a las comunidades campesinas y amazónicas se les amenaza con arrebatarles la propiedad de sus tierras. Ello configura también la violación de sus derechos humanos”. Esta ofensiva conservadora contra las comunidades ha pesado mucho en su decisión de entrar en política.

Ahora ya le han puesto otro calificativo: outsider. ¿Se siente así? “Outsider es alguien que corre por fuera del sistema y eso no se ajusta a mi persona. He estado presente en procesos sociales y políticos de mi región, aunque sin aspiraciones personales, sino como un servicio que he prestado a la democracia”. Cuando ocurrió el conflicto del cerro Quilish, entre la minera Yanacocha y las comunidades aledañas, se le acusó de ser el incitador de las protestas y hasta se le hicieron campañas en contra. “Los partidos políticos debieron reconocer el justo derecho de la población al agua y se detuvo la operación minera. Más bien debido a mi cercanía con las comunidades es que pudimos evitar una escalada de bloqueos y enfrentamientos”, cuenta.

Con dos décadas como sacerdote, Arana conoce de cerca a los cajamarquinos. No es un advenedizo en el tema social y de medioambiente. Ha sido párroco en Porcón y en la ciudad de Cajamarca. Fundó la ONG Grufides, especializada en temas ambientales y desde ahí ha enfrentado, sobre todo, las malas prácticas de la minera Yanacocha. “Algunas empresas mineras están dispuestas a dialogar para disminuir el impacto de sus operaciones. A Yanacocha no le importa el tema”.

Muchos han criticado su posición ‘contra la inversión y el desarrollo’ y hasta le han atribuido un supuesto desconocimiento en temas ambientales. Arana es sociólogo y tiene una maestría en la Universidad Católica con especialidad en Gestión y Políticas Publicas, ha dirigido proyectos de desarrollo rural con la Iglesia y ha sido miembro de numerosas instituciones con las cuales ha trabajado temas de medio ambiente, pobreza, ética y desarrollo. En el 2005 recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos. Por cierto, Arana conoce cómo viven y qué les falta a los comuneros de Cajamarca. ¿Está calificado para hablar del tema? Sí, lo está.

“Quienes me acusan de antiminero, mienten. He planteado tres aspectos sobre la minería. Ahí están mis escritos y mis declaraciones: Primero, el Perú tiene grandes recursos naturales y estos deberían ser parte de la planificación económica y el desarrollo. En ese sentido debe promoverse la actividad minera. Segundo, siendo esta actividad agresiva con el ecosistema, debería tener regulaciones muy estrictas: ambientales, sociales y fiscales, que permitan que los beneficios sean más tangibles.

De tal manera que un pueblo minero no sea un pueblo pobre y contaminado. Tercero, debe prohibirse estas actividades allí donde afecte gravemente otras actividades económicas o ecosistemas: lagunas, cuencas, agricultura. Esa es mi posición”, explica.
Diecinueve años después de hacerse sacerdote, Arana ha ingresado a la política. Y aunque todavía no quiere hablar de candidaturas, no tiene miedo de ser una opción para el 2011. Solo algo le preocupa desde ahora: si finalmente se convierte en candidato tendrá que dejar los hábitos.

Perfil

•Nombre: Marco Arana Zegarra
•Edad: 46 años
•Lugar de nacimiento: Cajamarca
•Sacerdote Diocesano
•Estudios de Sociología, Universidad Nacional de Cajamarca
•Estudios de Teología, Pontificia Universidad Gregoriana de Roma
•Estudios de Educación, ISP Juan Pablo II de Trujillo y Universidad Marcelino Champagnat
•Maestría en Sociología, especialidad en Gestión y Políticas Públicas (PUCP 98-99)
•Fundador y promotor del Colegio Cristo Ramos, de Porcón. Promotor de microproyectos en esta comunidad.
•Fundador y director ejecutivo del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides) (2001-2002)
•Comisionado de la Mesa Departamental de Lucha contra la Pobreza de Cajamarca (2001-2002)
•Investigaciones y consultorías: Minería, pobreza y contaminación (2000), Desarrollo y minería (2001), Rol de las ONGs en las Mesas de concertación de lucha contra la pobreza (2002), Mesas de concertación y participación ciudadana (2002), entre otras.

Ataques S.A.

Desde que se convirtió en la voz más notoria en defensa de las comunidades cajamarquinas en el conflicto contra Yanacocha y otras empresas mineras, Marco Arana ha sido blanco de seguimientos, ataques e insultos de todo tipo. El 2006 se descubrió el seguimiento que la empresa C & G le hacía a él y miembros de la ONG Grufides. En una oficina se halló fotos y videos de esta operación. La República probó el vínculo de C & G con Forza, compañía de seguridad que le brinda servicios a Yanacocha. También se sabe que otras empresas de este tipo lo han seguido. Además, ha sido blanco de campañas de desprestigio. En la época del conflicto por el cerro Quilish, circularon por Cajamarca unos pasquines que atacaban a los comuneros y a él: “Son unos borrachos alentados por un cura rojo que les da aguardiente”. Cierto sector de los medios de comunicación también lo han atacado. Alguna vez hasta le organizaron una manifestación frente a su casa. “La mina nos da trabajo”, le gritaba una multitud. Y ha recibido insultos y amenazas de muerte por teléfono innumerables veces.

¿Dónde están los US$ 669,500?

Cuenta de Keiko Fujimori en el Citibank no registra transferencias a universidades. Dos cheques por US$ 167,376 girados por Fujimori en 1999 a nombre de Hiro y Kenyi para pagar sus estudios, terminaron en la cuenta personal de Víctor Aritomi en la sucursal de Panamá del Banco Do Brasil.

Ángel Páez.

La congresista Keiko Fujimori Higuchi repite sostenidamente que la cuenta que mantenía en el Citibank de Nueva York ya fue investigada. Y es cierto.

También señala que en dicha cuenta depositó el dinero que le entregó su padre el ex presidente Alberto Fujimori para financiar sus estudios y los de sus tres hermanos, y que ese dinero lo obtuvo su progenitor al vender por US$ 669 mil 500 su propiedad en la calle Pinerolo, Surco. Y es verdad, pero no toda la verdad.

El registro de la cuenta de Keiko Fujimori en el Citibank se produjo en el año 2001. Desde esa fecha hasta ahora no está probado que el dinero que le proporcionó su padre efectivamente se destinó a pagar su carrera universitaria y la de sus hermanos.

Por el contrario, cuando en 2001 se levantó el secreto bancario de la cuenta de Keiko Fujimori surgieron dudas que no fueron despejadas. En esa época Fujimori estaba refugiado en Japón y nadie se imaginaba ni remotamente que Keiko Fujimori aspiraría a la presidencia de la República. Ahora que será candidata –con el objetivo expreso de indultar a su padre, como lo ha manifestado–, es preciso que se establezca a dónde fue a parar finalmente el dinero que ganó Fujimori con la venta del terreno de Pinerolo, porque los movimientos bancarios de Keiko Fujimori no registran ninguna transferencia a universidades norteamericanas, ni a la de Boston, en la que estudió ella, ni en las de Columbia y Boston, en que hicieron su carrera sus hermanos, de acuerdo con el reporte de su Cuenta Nº 5408704105 al que tuvo acceso La República.

El destino de los US$ 669 mil 500 que le pagaron a Fujimori por el inmueble de la calle Pinerolo fue el siguiente, hasta el año 2001, cuando ya sus cuatro hijos habían concluido su carrera:

LA PRIMERA ARMADA

El primer cheque por la mitad del total, US$ 334 mil 750, lo cobró el secretario de la presidencia, José Kamiya Teruya, por instrucciones de Alberto Fujimori, el 30 de diciembre de 1998. Y lo hizo de la siguiente manera: solicitó un cheque de gerencia por US$ 120 mil a nombre de Rosa Fujimori de Aritomi, hermana del ex presidente, y que luego terminó en una cuenta bancaria en Japón.

Keiko Fujimori sostiene que se trataba de la devolución de un préstamo que sirvió para pagar sus estudios. Lo que no ha dicho es de dónde sacó ese dinero su tía, quien se encuentra en condición de prófuga de la justicia porque se le ha detectado numerosas cuentas bancarias en Perú y Japón con dinero de origen sospechoso, porque no pudo acreditar su procedencia lícita. Las autoridades consideran que se trataría de dinero de las donaciones japonesas o de los fondos secretos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), que por orden de Fujimori le entregaba Vladimiro Montesinos a la propia Rosa Fujimori, como han señalado varios testigos, entre otros Matilde Pinchi Pinchi y María Angélica Arce.

El dinero restante, US$ 214 mil 750, lo cobró Kamiya en efectivo, y de acuerdo con su declaración, se lo entregó en sus manos a Fujimori. No se a dónde fue a parar ese monto.

LA SEGUNDA ARMADA

Los restantes US$ 334 mil 750 los cobró nuevamente José Kamiya, el 15 de febrero de 1999. Por orden de Fujimori, solicitó al Banco Continental que le girase cuatro cheques por US$ 83 mil 688 cada uno para Keiko, Hiro, Sachi y Kenyi.

El ocho de abril de 1999, Keiko Fujimori abrió la cuenta Nº 5408704105 con un depósito en efectivo de US$ 80 mil. Según ella, dicho monto se lo entregó su padre. En esa misma cuenta, al día siguiente, nueve de abril, Keiko Fujimori depositó los cheques que le entregó su padre a Sachi y a ella. Esa cuenta del Citibank llegó a tener, entonces, un total de US$ 247 mil 375 dólares que Keiko Fujimori depositó a plazo fijo, evidentemente, para obtener ganancias.

Desde entonces, solo hizo dos movimientos: el 15 de noviembre del 2000 le hizo una transferencia de US$ 70 mil a su hermana Sachi, cuando esta había concluido sus estudios. Y el siete de marzo del 2001, Keiko Fujimori retiró US$ 161 mil 535. No se sabe cuál fue el destino final de esa suma y de la diferencia que quedaba en la cuenta Nº 5408704105 porque, como se ha indicado, el Citibank solo reportó los movimientos hasta 2001.

Como se observa, no se produjo ninguna transferencia a cuentas de universidades. Y no es el único caso.

EL TÍO ARITOMI

¿Y qué pasó con los cheques que recibieron Hiro y Kenyi Fujimori? El total de US$ 167 mil 376 de los cheques de Hiro y Kenyi fueron endosados a nombre de Víctor Aritomi Shinto, el ex embajador peruano en Japón y esposo de Rosa Fujimori. Los cheques fueron cobrados por Aritomi en el Chase Manhattan Bank de Nueva York y de allí los transfirió a la cuenta Nº 351205 que estaba a su nombre en el Banco do Brasil, sucursal de Panamá.

Toda esta operación bancaria la hizo Aritomi el seis de agosto de 1999. Quiere decir que, conforme a los registros bancarios, el dinero que entregó Fujimori a sus hijos Hiro y Kenyi tampoco se destinó a ninguna universidad. Eso es lo que indicaban los reportes hasta el año 2001, cuando todos estaban graduados. Keiko Fujimori, en la conferencia de prensa que ofreció en el Congreso, en declaraciones a Radioprogramas, CPN Radio, en las entrevistas que concedió a Jaime Bayly y al programa “Enemigos Íntimos”, no mencionó por qué los cheques de Hiro y Kenyi terminaron en la cuenta del prófugo Víctor Aritomi.

ESTO ES SOLO EL PRINCIPIO

Víctor Aritomi, así como Rosa Fujimori, quienes cumplieron papel decisivo en el entramado sobre el pago de los estudios de los hijos de Fujimori, cuando fueron requeridos por las autoridades para que ofrecieran información sobre el origen del dinero que manejaban en sus cuentas, especialmente en el NBK Bank de Lima –con movimientos que superan los US$ 4.5 millones–, jamás respondieron.

Rosa Fujimori y Víctor Aritomi, amparados en la nacionalidad japonesa, viven sin problemas en Tokyo. Para la justicia peruana, estos personajes que administraron fondos de origen desconocido de la familia Fujimori, y que incluye el financiamiento de la carrera universitaria de Keiko, Hiro, Sachi y Kenyi, tienen la condición de prófugos.

La respuesta de la aspirante fujimorista a la jefatura del Estado ha sido la de cuestionar la publicación de información sobre el financiamiento de sus estudios universitarios y los de sus hermanos, cuestionando con especial severidad el informe que los peritos de la Contraloría General de la República hicieron para la Corte Suprema.

La razón es que los especialistas contables establecieron contundentemente lo siguiente: “El ex presidente Fujimori acredita haber entregado a sus hijas Keiko y Sachi Fujimori Higuchi la suma de US$ 247 mil 375, presuntamente como adelanto de herencia y para sufragar los gastos de sus hijos en el extranjero. Sin embargo, está debidamente probado que las beneficiarias no utilizaron dichos fondos en los fines y objetivos educativos señalados por Keiko Fujimori. Evidenciándose, por el contrario, que los mismos fueron transferidos a sus cuentas personales y cuyo destino se desconoce”. Ese es el punto. Dónde está el dinero.

Otra versión más del tema

La Comisión Waisman consigna en su informe que Keiko Fujimori formuló declaraciones ante la fiscalía, indicando los montos que gastó su padre Alberto Fujimori en su educación y la de sus hermanos en EEUU.

El informe señala que Keiko Fujimori afirmó que “los gastos por sus estudios ascendieron a US$ 120 mil aproximadamente, y que un importe similar fue invertido en los estudios de su hermano Hiro”.

Keiko Fujimori explicó también los montos gastados en sus otros dos hermanos: “La educación de su hermana Sachi costó US$ 110 mil y se estima que un importe similar ha sido utilizado en los estudios de Kenyi”. Estos montos hacen un total de US$ 460 mil. Ahora bien, según Keiko Fujimori, cuando sus padres llegaron a Palacio de Gobierno contaban con ahorros de US$ 400 mil. Suficiente para pagar los estudios de los cuatro hijos. No tendría que haber vendido el inmueble de Pinerolo.

Sin embargo, según dos peritajes, los informes Waisman y Townsend y las resoluciones judiciales de la Corte Suprema, Fujimori no contaba con US$ 400 mil cuando inició su gobierno. Por eso fue acusado por enriquecimiento ilícito.

Villa El Salvador: epopeya y anonimato

Por Antonio Zapata

Días atrás Villa El Salvador ha cumplido un aniversario más. Se remonta a mayo de 1971, cuando gobernaba el general Juan Velasco y recién comenzaba la revolución de las FFAA. En ese momento, una invasión organizada en Pamplona se desbordó hacia una zona agrícola próxima a ser urbanizada, donde hoy se encuentra la Universidad Ricardo Palma.

Por su parte, el gobierno militar no había permitido invasiones. En el período anterior, el primero del arquitecto Fernando Belaunde, el Ejecutivo había tenido mano blanda y las invasiones fueron pan de todos los días. Pero, Velasco las había prohibido con severidad. Por ello, se había acumulado una gran presión humana en los barrios populares. Muchas familias recibían paisanos que venían de la provincia a la capital. Cada cierto tiempo, esos recién llegados se trasladaban a una nueva barriada para obtener techo propio. Pero, la prohibición de Velasco había evitado ese desfogue; por lo tanto en Pamplona sucedió un estallido en regla y fue como una olla de presión que revienta.

Miles fueron llegando y el gobierno vaciló. En pocos días debía inaugurarse una asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo y Velasco quería poner la mejor de sus caras para romper el aislamiento financiero. Pero, el ministro del Interior decidió actuar. Era el general Armando Artola, quien se caracterizaba por su conducta populista y sus métodos demagógicos; solía repartir panetones y regalos para despertar simpatías.

Artola reprimió y la población supo resistir. A consecuencia de la refriega hubo un muerto y numerosos heridos. A continuación, el entonces obispo de los PPJJ, monseñor Luis Bambarén, se presentó en el lugar de los hechos y realizó una misa que fue seguida con fervor por la población. Artola perdió los papeles y apresó al obispo. Pero, Velasco lo desautorizó.

Estando frente a los banqueros internacionales, el presidente entendió que no podía dar una imagen de dureza, porque quería recibir flexibilidad. Además, Velasco aprovechó para deshacerse de Artola, que lo incomodaba con sus ademanes y pretensiones; se amistó con el obispo, dándole satisfacciones y pidiéndole consejo sobre qué hacer con la invasión.

Velasco trasladó a los invasores al terreno donde actualmente se halla Villa El Salvador; prometiendo construir una ciudad modelo para los más pobres de la urbe. El presidente necesitaba un plan y acudió al Ministerio de Fomento, que pronto se transformaría en de Vivienda. Ahí el encargo presidencial fue transmitido al entonces joven arquitecto Miguel Romero. Trabajando contra el tiempo, ideó un módulo que logró direccionar la marea humana.

Romero creó el Grupo Residencial, un grupo de 12 manzanas de 24 lotes cada una; distribuidas de tal forma que cuentan con un espacio libre para desarrollar áreas comunes. Ese módulo fue fundamental. Preveía la combinación entre dos formas de propiedad: la familiar del lote y la colectiva a través de los Grupos Residenciales. Esa sinergia alentó un gran esfuerzo común. No había ni viviendas ni instalaciones urbanas, los invasores partieron de cero y porque no tenían nada construyeron todo.

Poco después se formó la Comunidad Urbana Autogestionaria, CUAVES. Sus organizadores partieron de los Grupos Residenciales, eligiendo directivas en cada uno de ellos. De este modo, se fusionó la distribución espacial con la organización social. Ahí radicó la fuerza especial de Villa El Salvador. Era una comunidad bien organizada, sus células eran los Grupos Residenciales y, bien plantada, empezó a florecer.

Luego, las viviendas se hicieron sólidas y fueron llegando los servicios urbanos, incluidos educación y salud. En ambas dimensiones, VES dio muestras de su organización. Fue ascendido a distrito y tomó un rostro productivo gracias al Parque Industrial, que fue sacado adelante gracias al empuje del varias veces alcalde Michel Azcueta.

Villa El Salvador se ha dado maña para generar a una heroína del movimiento popular. María Elena Moyano fue asesinada por Sendero Luminoso, simbolizando el martirologio de las dirigencias sociales atrapadas entre dos fuegos durante la guerra interna. Villa El Salvador había sido la joya de la izquierda de aquellos días, la vitrina de su propuesta. Su transformación actual en un distrito idéntico a los demás, coincide con el declive de la opción política de sus forjadores.

A la sombra del cemento

INFORME DEL DOMINGO

La Lima del siglo XXI. El auge de las edificaciones multifamiliares impone nuevos estilos de vida. Urge planificación y control municipal para que la ciudad no pierda su identidad

Por: Nelly Luna Amancio

“Me pesa en el alma haber vendido mi casa”. La resignación aún no llega para doña Amelia, que esconde su verdadero nombre porque teme que sus vecinos le reprochen lo que quiere decir: que se arrepiente y que nunca imaginó que los vecinos de un edificio fueran tan egoístas. Hace tres años vendió su casa y la inmobiliaria le ofreció, como parte del pago, un departamento en el edificio de 10 pisos que construiría sobre el terreno que durante años fue la amplia casa donde ella y su finado esposo criaron a sus hijos. “Me a-rre-pien-to. Los edificios ya no son como los de antes, usan materiales de segunda, el ruido atraviesa las paredes y nadie respeta al otro”. Doña Amelia tiene 75 años. Vendió la casa porque era caro mantenerla.

Los edificios multifamiliares —acompañados de la masiva construcción de centros comerciales y supermercados— imponen nuevas formas de convivencia entre los ciudadanos. Doña Amelia extraña la comodidad, el silencio y la intimidad que su vivienda le daba. Y el músico Manongo Mujica extraña la luz del sol en su casa de Chorrillos. Él ha visto cómo año tras año se han ido levantando cada uno de los edificios que hoy acorralan su casa. Desde donde antes se veía el mar, hoy se ven paredes. En su patio hay pura sombra. “Yo no voy a vender nunca esta casa”, dice.

Hay una tendencia irrefrenable por comprar casas para derribarlas y convertirlas en edificios. Según Capeco, el departamento es la unidad habitacional más representativa en el mercado de Lima Metropolitana y el Callao. El año pasado se ofertaron 11.542 departamentos frente a 2.339 casas. Miraflores concentra el 13% de la oferta de departamentos.

“Estamos transformándonos en una metrópoli pero aún hace falta mejorar los hábitos de convivencia. Si el Gobierno maximizó con Mi Vivienda el número de viviendas en edificios, a las municipalidades les tocaba garantizar el crecimiento ordenado, la habitabilidad y la calidad de vida, pero no lo han hecho ni lo vienen haciendo, solo entregan licencias y mientras más, mejor”, advierte el arquitecto Augusto Ortiz de Zevallos. Si la convivencia en un vecindario ya era complicada, en un edificio se prevé lo peor.

Si las urbes son el reflejo del nivel de ciudadanía que tenemos, la de los limeños está en pleno proceso de construcción. En esta Lima de edificios y departamentos estrechos, donde los espacios comunes reemplazan al espacio privado, la tolerancia es todavía un tema que pocos entienden.

El nuevo rostro que se dibuja en Lima ya no es más el de una señora conservadora con hijos inmigrantes. Lima es ahora una dama consumista, menos pacata, con hijos nacidos en el seno de sus 43 distritos. Las cifras desmitifican la vieja ciudad.

Lima ya no crece explosivamente, como en los años 70 u 80, sino a una tasa anual menor al 2%. “El 75% de la población de la capital ha nacido aquí. También se dice que es una ciudad con muchos niños, pero desde los 90 tenemos más adolescentes. Las demandas de ese nuevo grupo ahora son otras: empleo, educación y vivienda. Estos jóvenes están en edad de buscar un alojamiento independiente, el que la sociedad no ofreció a sus padres. No estamos en la misma situación de los años 60 y 70, pero a veces seguimos pensando la ciudad con esos criterios”, aclara Gustavo Riofrío, sociólogo de Desco.

Si la ola migratoria de aquellos años marcó un hito para la ciudad, los edificios de los que doña Amelia y Manongo Mujica se quejan —por invasores o por desmesuradamente elevados— marcan un nuevo momento en la historia urbanística de la capital.

MI VECINO, EL EDIFICIO
El sueño de la casa propia se ha reducido al de un acogedor “depa”. “Construir una casa demoraba 20 años, convertía a toda una generación en sacrificados, una casa requiere seguridad”, dice Ortiz de Zevallos. El esfuerzo que demanda mantener una casa no puede competir con la funcionalidad de un departamento.

Pero este auge tiene excesos inexplicables. “¿Cómo se puede admitir un edificio de 20 pisos junto a otro de dos? En vez de consolidar y reforzar lo bueno de la ciudad se está perdiendo lo ya existente que era valioso, las identidades, los lugares con significado, y se vuelve más una carrera de quién pone más pisos”. Ortiz de Zevallos luce ofuscado.

La tolerancia es fundamental cuando se convive en un edificio. Aunque, como dice el reconocido abogado Jorge Avendaño —que vive en una casa al interior de un edificio del malecón de Barranco, un modelo diferente de vivienda— es importante que las reglas estén claras desde el inicio. “Aquí están prohibidas las reuniones sin previo aviso”. El jurista reconoce que la idea del barrio o vecindario ya no existe en estas nuevas formas de coexistencia.

Al director de teatro Jaime Lema esta idea no le gusta. Él forma parte de la última resistencia: apuesta por una casa. El año 2000 compró un inmueble en la zona monumental de Chorrillos que parecía entonces una ruina, pero que ahora es un auténtico patrimonio histórico.

El artista ha remodelado con nostalgia cada uno de los espacios de ese solar de más de 150 años de antigüedad, que sobrevivió incluso a la guerra con Chile. “No podría vivir en un departamento, aquí puedo tener un espacio para mí y para ellos”. Ellos son Clippertón y Amadeo, sus perros. Él no se amilana con la sombra que proyectan sobre su casa los edificios descomunales que la municipalidad autorizó levantar en pleno malecón chorrillano.

Ortiz de Zevallos advierte que los municipios deben mejorar su gestión si no quieren hacer de Lima una ciudad caótica y carente de identidad histórica. “El régimen para la gestión de Lima no produce los cambios deseados en las personas, ni ayuda a que grupos distintos se articulen y complementen. Promueve la anarquía y la fragmentación”, agrega Jaime Joseph, docente de la Universidad Ruiz de Montoya.

Los viejos pueblos jóvenes de la ciudad
El sociólogo Julio Calderón señala en el libro “Los nuevos rostros de la ciudad de Lima” (Ed. Colegio de Sociólogos del Perú) que muchos de los que fueron antiguos invasores en zonas populares están vendiendo sus terrenos a los que vivían en calidad de inquilinos. ¿Y qué ocurre con el propietario? “El 30% vende porque regresa a su tierra, otro tercio se va al mercado inmobiliario formal del área central de la ciudad, como Pueblo Libre, el Cercado o San Miguel”, escribe.

¿Pero por qué se van? “Porque en realidad, en su percepción popular, un pueblo joven siempre será un pueblo joven. El estigma social no se borra del estigma de quienes lo habitan”. Irse a vivir a un distrito de clase media supone “la cristalización del ascenso social”.

Una investigación elaborada por Desco en Lima Sur permitió identificar, entre 1992 y el 2005, 365 barrios con 40.161 lotes que ocupan 884 hectáreas. “Esta área representa la misma extensión de Miraflores, pero dichos lotes no están ubicados en terrenos planos, sino en quebradas o cerros inaccesibles para un bus y adonde solo se llega a pie o en mototaxi”, explica Gustavo Riofrío, sociólogo de la Universidad de San Marcos.

LAS CIFRAS
34%
De los departamentos ofertados se ubica en zonas de estrato económico medio alto, según el estudio de Capeco.

55%
Prefiere vivir en un departamento de entre 76 y 100 m2.

1” 869. 263
Es el número de la demanda de viviendas en Lima. El 68% pertenece a estratos socioeconómicos bajo y medio bajo.

42%
Prefiere una terraza antes que un jardín.

EL DATO
Van para arriba
Menos del 10% de las viviendas en Lima ahora es de estera y cartón, el 30% tiene el primer piso terminado y el 60% tiene el primer piso con techo definitivo.

MEF teme incumplir el Plan Anticrisis

Pide modificaciones a las metas del déficit fiscal del gobierno para este año. Economista Kurt Burneo afirma que solo se justifica modificar la norma este año, pero no el próximo.

Vanessa Ochoa.

Pese a los pronósticos del gobierno, el Plan de Estímulo Económico (PEE) podría no cumplirse y, por ende, quedaría trunca la generación de 400 mil puestos de trabajo proyectados por el gobierno. 

Y es que según los pronósticos, este año el déficit fiscal será de 1.8% y 1.5% en el 2010, superando la meta que establece la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Ello se debe a que para este 2009 se esperaba que la recaudación fuera de S/. 63,941 millones, pero el descenso en el acopio de los tributos significó que este monto baje a S/. 55,501 millones, S/. 8,440 millones menos para el fisco.

Modificar la ley

Ante ello, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) espera que el Congreso dé luz verde al proyecto que modifica las reglas macrofiscales, lo que permitiría que el PEE pueda cumplirse, según preciso el viceministro de Hacienda José Arista Arbildo. 

“Los ingresos públicos han sufrido una caída, y el mayor gasto que generará el PEE justifica que se extienda el límite del déficit fiscal”, sostuvo el viceministro durante su presentación en la Comisión de Presupuesto del Legislativo.

En esa línea, el proyecto al que se refiere Arista establece que la meta de déficit fiscal anual de 1% del PBI, establecida actualmente en la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, debe modificarse hasta 2% para este año y el próximo. 

Asimismo, plantea suspender la regla macrofiscal que establece que el incremento del gasto de consumo del Gobierno Central no será mayor a 4% en términos reales, esto debido a que, según el PEE, el gasto de consumo del Gobierno Central se incrementaría en 6.7% este año y 4.6% el próximo. 

¿Cuál sería el efecto de no modificar la ley? Según Arista, el MEF se vería obligado a recortar el gasto corriente y el gasto de capital para cumplir con las metas establecidas en la ley. Por ende, adiós al Plan de Estímulo Económico del gobierno. 

“De no consolidar las metas del PEE, nuestro país solo crecería entre 1.5% y 2% este año, además de la generación de empleo”, acotó.

NO DEBE DARSE EN EL 2010

Sobre el tema, el economista Kurt Burneo sostuvo que aunque es válida una modificación en la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal para este año no se justifica que se dé para el 2010, pues es conocido el discurso del gobierno de que para el próximo año “nuestra economía despega nuevamente”.

“En este año se puede ampliar la meta de déficit fiscal, aunque  igual se va a incumplir, pero por qué modificar una ley por un año más si sus proyecciones hablan de crecimiento para ese año”, preguntó Burneo.

TARJETAS pueden esperar

Y en línea con el tema tributario, Arista anunció que a fines de este o principios de junio recién se decidirá si se aplica o no la propuesta de la Sunat para el pago adelantado del  IGV a las operaciones con tarjetas de crédito y débito. Sin embargo, descartó que a pesar de la disminución en la recaudación tributaria se pretenda incrementar la tasa de los actuales impuestos o crear nuevos.

LA CIFRA

1.5% o 2% crecería el país este año de incumplir las metas del PEE según el MEF. 

Tasa de interés e inversión

José Arista dijo que las medidas que aplica el Banco Central de Reserva (BCR),  como reducir la tasa de interés de referencia, son adecuadas, pues hay condiciones para hacerlo e incluso consideró que hay espacio para una nueva reducción. 

De otro lado, anunció que cabe la posibilidad de que la agencia calificadora de riesgo crediticio Moody’s Investors Service otorgue pronto el grado de inversión a nuestro país debido a las buenas calificaciones económicas. “Podrían hacernos un up grade en un contexto en que a países como México le están bajando algunas calificaciones”, dijo.

Nativos esperan que el gobierno esta vez sí atienda sus demandas

Nativos esperan que el gobierno esta vez sí atienda sus demandas 

Acuerdan sostener reunión clave la tarde del miércoles en la PCM. Mientras tanto, en diferentes lugares del oriente, comuneros continúan en paro aguardando que se deroguen leyes que afectan sus territorios. 

Están rumbo a Lima. Tras llegar a un acuerdo con la Presidencia del Consejo de Ministros, los dirigentes de las diferentes comunidades indígenas que viven en el oriente peruano emprendieron viaje hacia la capital del país a fin de que el miércoles por la tarde puedan participar en lo que será una reunión clave para superar el conflicto que los tiene en huelga general desde hace más de un mes.

Sin embargo, ir camino al diálogo no implica que se haya levantado la medida de fuerza. Por el contrario, se informó que los nativos permanecen allí donde se han instalado con la amenaza de bloquear la circulación del transporte fluvial y en carreteras, así como cortar el bombeo hacia la costa del combustible que se extrae del subsuelo de la selva. 
Su consigna parece ser no dejarse engañar más.

reunión fundamental

Juan Manuel Figueroa, de la Unidad de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros, suele ser un funcionario experto en negociaciones, pero la tarde de ayer se le escuchó mucho más cauteloso y diplomático.

Como tratando de mantener la tensa calma que se apoderó del nororiente del país luego de que el domingo se liberara el puente Corral Quemado, en Bagua, explicó correctamente que a él y al premier Yehude Simon les parecía comprensible que los nativos, representados por el líder de Aidesep Alberto Pizango, no aceptaran reunirse con ellos hoy, y que si bien tampoco la cita podía concretarse el miércoles por la mañana debido a que ya está programado el Consejo de Ministros, no habría problema en que  se realice por la tarde.  

Pizango, por su parte, también estuvo receloso en sus expresiones, pero ratificando la vocación pacifista, y sin perder firmeza, dijo que esperaba que el Gobierno no los engañe más, y que de la anunciada reunión surja por fin la solución a sus demandas, principalmente la derogatoria de decretos supremos que ponen en riesgo la intangibilidad de sus territorios. Esos que la naturaleza les dio y ellos cuidan. 

Figueroa entendió el mensaje, y sabiendo que no estaba en condiciones de prometer algo de esa envergadura, sí garantizó que se empezaría por cumplir lo indicado en un acta firmada entre los nativos y la PCM el 20 de abril de 2009: la instalación de una mesa de diálogo. Igual, no pudo evitar soplar la pluma al Poder Legislativo.

“La solución a la demanda de derogatoria de los Decretos Legislativos está en manos del Congreso, la tiene la Comisión de Constitución”, indicó.

Lamentablemente, allí parece estar la madre del cordero, pues los nativos tienen razones para desconfiar del Congreso de la República, pues fue justamente allí donde se originó el conflicto, el cual por momentos se calentó tanto que provocó que el Gobierno decretara  el sábado el estado de emergencia por sesenta días.

“Defienden sus derechos”

A propósito de la reacción del gobierno, el secretario general del Frente de Defensa de Ucayali Rómulo Coronado advirtió que los estados de emergencia no asustan a la población amazónica porque están defendiendo sus derechos.

“(El gobierno) está agraviando vía decretos legislativos, muchos de ellos inconstitucionales y no consensuados con la población. Hay directivas que agreden salvajemente a la amazonía”, indicó. 

Coronado agregó que respalda esa lucha porque los pueblos amazónicos no han sido consultados en torno a la posesión de sus territorios, y más bien han sido víctimas de más de un engaño.

“Simplemente están meciendo a la gente –denunció–. Como Frente de Defensa nos reunimos con (Yehude) Simon y (Javier) Velásquez Quesquén, y el gobierno ha incumplido, el Legislativo está sometido al Ejecutivo. Simon parece ser el ‘operador’ de García para evitar la derogatoria de los decretos”.

Luego acusó al Apra de manipular políticamente el conflicto, de someterse a intereses extranjeros. “Estos decretos legislativos solo benefician a las grandes empresas. Alan García está detrás de todo esto”, manifestó.

Por su parte, el congresista Roger Nájar sostuvo que la declaratoria de emergencia revela la incapacidad del gobierno para resolver los problemas, así como una grave falta de disponibilidad y voluntad para dialogar con la amazonía.  

“Estamos ante un gobierno intransigente y único responsable de las consecuencias de esta protesta amazónica”, indicó a la CNR.

El acta

Diálogo. El 20 de abril, el Ejecutivo, representado por el primer ministro Yehude Simon y el ministro del Ambiente Antonio Brack, se comprometió a revisar la criminalización de la protesta social que sería trabajada en la Mesa de Diálogo.

Comisión nacional. También acuerda conformar una Comisión Nacional para tratar los temas vinculados a la plataforma presentada por AIDESEP, así como otros problemas  de los pueblos amazónicos.

Movilización en apoyo a los amazónicos

Miércoles 13 de mayo. La Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería hizo un llamado a los dirigentes de las organizaciones indígenas, campesinas, y movimientos sociales, así como a los organismos de derechos humanos, para que ese día realicen movilizaciones en sus propias jurisdicciones para respaldar los reclamos de los pueblos amazónicos.

”Los plantones, vigilias y pronunciamientos que se realicen mañana son acciones urgentes”, dice la convocatoria, ante la represión ordenada por el gobierno, a través de la declaración del Estado de Emergencia. “Es una amenaza de graves consecuencias en la violación de los derechos humanos”, señala.

CONACAMI pide la inmediata derogatoria de los decretos legislativos 1020, 1064, 1080, 1081, 1089 y 1090  y la Ley 2933 (de Recursos Hídricos). Los califica de inconstitucionales porque exceden las facultades otorgadas por el Congreso de la República. “Intentan derogar leyes orgánicas con decretos legislativos”, dice.

EDITORIAL EL COMERCIO: ¿A quién beneficia el programa del Vaso de Leche?

Hace cuatro años, aproximadamente, se demostró que por lo menos un millón de personas se beneficiaba ilegal e injustamente con el Vaso de Leche, el más antiguo de los programas sociales gubernamentales. Hoy, como ha dado a conocer El Comercio, estas irregularidades no solo se mantienen, sino que cientos de niños, madres gestantes, adultos mayores y enfermos de tuberculosis continúan sin recibir lo que puede ser un alimento básico dentro de su precario nivel nutricional.

Esto es imperdonable, sobre todo en un país que aún debe remontar sus índices de pobreza y de pobreza extrema, en especial, en la sierra rural, y donde los programas sociales constituyen una vía indispensable para atender las necesidades de los sectores más desprotegidos.

Como señalan los expertos, el programa que creó el ex alcalde Alfonso Barrantes no se puede suprimir de un día para el otro ni de manera radical, pero sí se puede mejorar su gestión de variadas maneras.

En primer lugar, el Gobierno no puede seguir postergando la reforma del Vaso de Leche ni la tarea de reimpulsar el resto de programas sociales, para que la población desvalida se inserte en el mercado laboral, por ejemplo a través de Pro Joven o A Trabajar Urbano y Rural.

Luego, para impedir la escandalosa infiltración, llama la atención que las autoridades no hayan logrado aún conciliar con las madres que se encargan de la repartición del producto para mejorar la focalización del programa y beneficiar a quienes realmente lo necesitan.

Ello no impide estudiar la aplicación de medidas más drásticas, como sancionar a las personas responsables de los comités comunales que incumplen sus obligaciones, que comercializan la leche entre terceros o simplemente la almacenan para favorecer a su entorno familiar, incurriendo en especulación y acaparamiento.

Recordemos que hace algunos años se comprobó que el 30% de los recursos destinados al programa no llegaban a su destino, una fuga terrible que lamentablemente se mantiene. También subsiste la falta de un registro eficiente de beneficiarios, una labor que las municipalidades distritales nunca cumplieron a cabalidad con las consecuencias que ello ha acarreado.

No olvidemos tampoco que, en los últimos cinco años, varias comunas han sido seriamente cuestionadas cuando se denunció que habían incurrido en actos de corrupción en la compra de la leche, por la cual pagaban más de lo que costaba en un supermercado. Hoy la Contraloría General de la República verifica cómo se ejecuta el presupuesto, pero no existe ninguna institución que se encargue de evaluar si el programa del Vaso de Leche está cumpliendo sus objetivos nutricionales.

Esto no puede continuar. El Gobierno tiene en sus manos la posibilidad de terminar con la corrupción, la mala gestión y la pésima administración de los recursos que se ha detectado, no ahora sino hace varios años en este programa. Con cifras del 2005, por lo menos tres millones de peruanos no están recibiendo la leche, aunque sus niveles de pobreza y desnutrición los convierten en beneficiarios obligados.

Maquillan real caída de exportaciones

Farid Matuk: “no solo cae el precio sino el volumen de las exportaciones”.  Economista sostiene que mientras para el BCR en febrero envíos subieron 0.2%, para el INEI estos caen -7%.

En momentos en que economías como las de  China y Estados Unidos desaceleran sus importaciones y, por ende, países como el nuestro presentan una fuerte caída en sus niveles de exportación, las cifras del Banco Central de Reserva (BCR) no revelan descenso alguno en los envíos al exterior.

El economista Farid Matuk explicó que, según las cifras del BCR, en febrero las exportaciones en términos físicos (volúmenes de venta) subieron 0.2% respecto a similar mes del 2008. Mientras que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) muestra que  en similares meses de comparación las exportaciones cayeron en -7%.

DIFERENCIA DE CÁLCULOS

El experto refiere que esto se debe a la falta de sintonía entre ambas instituciones, debido al tipo de estructura de las exportaciones con las que trabajan, además de un error por obsolescencia. “Lo que está haciendo el BCR es utilizar una estructura de exportaciones de 1994, que está anclado en el censo económico, pero a los 5 años el censo se vuelve obsoleto, por lo que se debe utilizar una actualización permanente”, refirió.

Al respecto, Matuk, en el periodo que estuvo como jefe del INEI, reformuló esta estructura en el 2002, la cual es utilizada actualmente por el ente estadístico.

“Lo que nos quieren hacer pensar es que las exportaciones en términos reales están constantes. Si le preguntamos a cualquier agente económico (exportadores) nos dirá que cada día vende menos. Pero lo que muestra el BCR es que la cantidad de venta al exterior no ha variado mientras que el INEI dice que sí”, comentó Matuk, quien añadió que el problema también recae en el índice de precios. “Sorprende que en el contexto actual quieran hacernos creer que nuestras exportaciones están blindadas”, acotó.

Datos

Efecto. EL INEI alertó que el alto nivel de stock en las empresas y la caída de las exportaciones habían explicado el menor crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) en febrero (0.19%).

Tipo de cambio. Otro factor que ha empujado la caída de las exportaciones es el descenso en el tipo de cambio, que en opinión de ADEX está aumentando las importaciones.

Superávit en marzo

El último reporte del BCR revela que la balanza comercial registró en marzo un superávit por segundo mes consecutivo, equivalente a US$ 344 millones y acumulando en el primer trimestre un resultado positivo de US$ 446 millones. 

Las exportaciones generales en marzo fueron de US$ 1,909 millones, logrando un crecimiento de 6.6% con relación a febrero previo, debido al mayor volumen embarcado (4.6 %). Por su parte, el precio promedio de las exportaciones subió 1.9%, destacando los mayores valores de las exportaciones de cobre y oro.

Huanta, la más violenta del VRAE, solo tiene un policía por cada 1,946 habitantes

En Tayacaja la desproporción llega a 3,879 personas por cada custodio del orden público. Convulsionado valle necesita más policía ciudadana y acción social para frenar narcotráfico y terrorismo.

Edmundo Cruz.

San Francisco es la principal puerta de entrada a ese feraz y remoto valle más conocido por sus siglas: VRAE (Valle de los Ríos Apurímac y Ene). La comisaría de San Francisco, con sus 12 efectivos, fue durante largo tiempo el único puesto policial dedicado a la seguridad ciudadana, o sea, al trato directo con la gente del pueblo. Esto, en un valle que atraviesa cuatro departamentos y cuya población debe bordear las 180 mil personas. El cálculo sube a unos 350 mil habitantes si sumamos no los distritos sino las provincias aledañas.

En los años 80 y 90, otros puestos policiales fueron desactivados a causa de la violencia de SL, y nunca más fueron restablecidos. Las comisarías responsables de la seguridad ciudadana ni siquiera fueron habilitadas tras la captura de “Feliciano” y la derrota militar de SL en el campo lograda hace ya más de 10 años. 

Se dejó que los remanentes de SL sobrevivieran para que a fines del 2005 reanudaran acciones, esta vez convertidos en un ejército de la coca. Este aparato armado del narcotráfico ha desatado la violencia y ha provocado la movilización de las fuerzas del orden, dentro de un planteamiento estratégico y táctico que se centra en la represión y no da la importancia debida a la seguridad ciudadana y al trabajo con la población.  

Fuerzas militares

Se estima que, desde la institución del Comité Especial del VRAE a la fecha, la fuerza armada ha constituido más de 22 Bases Contra Terroristas (BCT), con un promedio de 50 efectivos por destacamento, lo que arroja un total aproximado de 2,100 efectivos, en los departamentos de Ayacucho y Junín.  

A lo que se suma el personal militar del Comando del Comité Especial, ubicado en Pichari, distrito del Cusco, en la margen derecha del río Apurímac, con sus batallones de fuerzas especiales, de servicios, de material de guerra y policía militar. En total, unos 3 mil efectivos.

Fuerzas policiales

El recrudecimiento de la violencia alimentada por el narcotráfico determinó que en mayo del 2007 se creara el Frente Policial del VRAE. Su primer jefe, el coronel PNP Jaime López, reclamó recursos pero habló de un contingente de 750 efectivos a su mando. 

Sin embargo, las cifras que se leen en el portal del Ministerio del Interior precisan en 567 la cantidad de efectivos policiales asignados a esa nueva gran unidad policial.

Según fuentes policiales directas, a fines del año pasado el VRAE contaba con unas 13 comisarías en las provincias de Huanta, La Mar, Satipo y Tayacaja.

En los distritos cusqueños de Pichari, Quimbiri y Vilcabamba, de la provincia La Convención, en la margen derecha del río Apurímac, no existen comisarías.

Pichari es la sede del Comité Especial del VRAE, dirigido por el general EP Ricardo Moncada Novoa. Quimbiri es la sede del Frente Policial del VRAE. Su jefe es el general PNP Italo Perochena. Observadores diversos opinan que su sucesor podría ser el general PNP Luis Valencia Hirano por su experiencia en lucha antiterrorista. Sus 567 efectivos están desperdigados en 13 comisarías y en unas 16 unidades especiales.

Seguridad ciudadana

En las cuatro provincias que comprende el VRAE, solo se cuenta con 154 efectivos para el trabajo con la población. En la provincia de Huanta, en donde ha ocurrido la mayor cantidad de atentados de los últimos meses, solo hay dos comisarías, una en Huanta capital con 30 policías y otra en Huamanguilla con 7 efectivos. Una tercera, en San José de Seccse, fue desactivada el 2006. Total: 37 policías.

Si esta cantidad la relacionamos con la población de la provincia (72,016 habitantes), obtenemos un indicador alarmante: en Huanta cada policía tiene a su cargo la seguridad de 1,946 habitantes.

En el distrito huantino de Santillana está acantonada una base contraterrorista de fuerzas especiales de Diroes, pero la labor de este tipo de unidades es represiva. No realiza trabajo con la población que está neutralizada por la alianza del narcotráfico con los remanentes terroristas.

La situación es parecida en la provincia La Mar. Allí funcionan tres comisarías , una en San Miguel (9 policías), otra en Tambo (9) y una tercera ya mencionada, la de San Francisco (12). Total: 30 efectivos policiales. El número de unidades en La Mar sí es elevado: tres bases contraterroristas de Diroes en San Miguel (15), Tambo (15) y Machente (5). Más una repartición de DEPITAC (Departamento de Inteligencia Táctica Contra el Terrorismo) con 9 especialistas. En Palmapampa, al sur de esta provincia, está uno de los dos batallones antidrogas con que cuenta la Policía en este valle: la DIVOTAD Palmapampa (División de Operaciones Tácticas Anti Drogas), con 32 operadores antinarcóticos. 

Para este mismo tipo de acciones se suma el Grupo de Operaciones Antidrogas (GOA) de Machente, con 9 agentes, más una unidad de la Policía de Carreteras de Tambo, con 18 efectivos y 5 unidades móviles, para combatir el tráfico por tierra. Total: 103 cuadros para represivas específicas que no suponen un acercamiento orientado a la población.

Satipo, con 94,250 habitantes, tiene tres comisarías: en Satipo (31 policías), Mazamari (11) y San Martín de Pangoa (15). Total: 57 policías. Cada uno de ellos tiene a su cargo la seguridad de 1,653 pobladores. La relación es mucho más alarmante en el caso de la provincia de Tayacaja, en el departamento de Huancavelica. Para 116,371 personas hay 30 policías. O sea, cada custodio del orden debe responder por 3,879 pobladores. 

En Lima Metropolitana hay 26,237 policías para unos 8 millones de personas, o sea, un policía por 304 habitantes.

Datos

Recursos. El VRAE ha recibido más de 300 millones de soles en varias inyecciones económicas que no han tenido los efectos deseados.

El río. El VRAE abarca la margen izquierda del río Apurímac, en Ayacucho, a cuya vera están las provincias de Huanta y La Mar. La margen derecha del mismo río, en Cusco, con Pichari, Quimbiri y Vilcabamba. La parte norte de dicho valle en la provincia de Satipo, en Junín. La parte sur, en Apurímac, con la provincia de Andahuaylas. Quizás, al noreste, Tayacaja, en Huancavelica.

70% cree que Alberto Fujimori sí es culpable

 

Por delito de corrupción, según encuesta PUCP. Experto destaca que hay una cultura contra la impunidad, pues la mayoría no apoya un eventual indulto.

Ana Núñez

No sólo culpable de delitos de lesa humanidad por los casos Barrios Altos y La Cantuta, sino también de corrupción por la entrega irregular de 15 millones de dólares a Vladimiro Montesinos, halla la población capitalina a Alberto Fujimori de acuerdo con los resultados de la última encuesta del IOP de la Universidad Católica. 

En el primer caso –juicio por derechos humanos que ya acabó en primera instancia –, el 62% señala la responsabilidad del ex presidente. Y en el caso de la entrega de la “indemnización” a su ex asesor –juicio próximo a iniciarse–, un 70% de consultados lo considera culpable, contra un 15% que piensa que es inocente.

La explicación de David Sulmont, jefe de proyectos del IOP de la Católica, es que la posición de la población siempre ha sido más crítica respecto de los casos de corrupción que de las posibles violaciones de derechos humanos, porque en estas hay otro tipo de factores que son analizados por la ciudadanía, como la necesidad de respetar el orden y autoridad.

Sulmont también destacó que,  más allá de las posiciones a favor de una eventual reducción de la pena por factores como el de la edad de Fujimori, la población capitalina se pronunció en forma mayoritaria en contra de que el ex gobernante sea indultado en un eventual gobierno de su hija Keiko.

Así, del universo de encuestados, el 58% se pronunció en contra de un posible indulto, ya sea porque es culpable y debe cumplir su condena o porque es culpable y no sería ético que su hija lo indulte.

Datos

Recurso. Según la encuesta realizada entre 1º y 2 de mayo, el 43% los limeños opina que la Corte Suprema debería confirmar la sentencia y la pena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad ante el recurso de nulidad presentado por la defensa de Fujimori.

Justo. De otro lado, el 66% opina que la actuación de los jueces en ese proceso fue imparcial, y el 69% considera que se le garantizó el derecho a la defensa.

Lento avance en comunas

POLÍTICA | Lun. 11 may '09

Congresista Eguren califica de preocupante la cifra y señala que debería estar en 25%.

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Siguen los problemas en la ejecución del Plan de Estímulo Económico (PEE). Las municipalidades de capitales departamentales efectuaron apenas el 15.4% de su presupuesto destinado a la ejecución de obras en los primeros cuatro meses del año, reveló el congresista y vicepresidente del PPC, Juan Carlos Eguren. 

Consideró que dicho porcentaje está por debajo del nivel deseable, que asciende a 25% como mínimo, más aun si se tiene en consideración el escenario de crisis económica y financiera internacional. “La inversión pública es la piedra angular del plan anticrisis implementado por el Gobierno y, por ello, resulta preocupante este bajo porcentaje de la marcha presupuestal para obras”, refirió.

En ese sentido, Eguren reclamó mayor exigencia a las autoridades edilicias y a sus equipos técnicos para agilizar los proyectos en beneficio de sus comunidades.

CON EXCEPCIONES. Tras presentar el ránking del avance de ejecución de inversiones de las municipalidades provinciales de departamentos, sobre la base de cifras oficiales del Ministerio de Economía, el también vicepresidente de la Comisión de Presupuesto destacó que existan algunos municipios que han gastado por encima del 25%. “Esto demuestra que el nivel de ejecución presupuestal está en correspondencia con la capacidad de la autoridad municipal y con el apoyo del equipo técnico que lo acompaña en la elaboración de proyectos de desarrollo”, remarcó.

De acuerdo con el listado, Huánuco encabeza la clasificación con un 54.8%, seguido por Maynas (Iquitos) con 28.6% y Mariscal Nieto (Moquegua) con 26%.
Además, figuran Chiclayo, Chachapoyas, Tacna, Huamanga y Arequipa que lograron superar el 20% en gasto de inversión.

En el otro extremo, cinco municipalidades ejecutaron menos del 10% del total de presupuesto. Estas son Lima (9%), Pasco (8.7%), Moyobamba (8%), Huaraz (7%) y Tambopata, Madre de Dios, (2%).

El Gobierno ha responsabilizado a la temporada de lluvias en el interior del país por el retraso de las inversiones en los primeros meses del año.