70% cree que Alberto Fujimori sí es culpable

 

Por delito de corrupción, según encuesta PUCP. Experto destaca que hay una cultura contra la impunidad, pues la mayoría no apoya un eventual indulto.

Ana Núñez

No sólo culpable de delitos de lesa humanidad por los casos Barrios Altos y La Cantuta, sino también de corrupción por la entrega irregular de 15 millones de dólares a Vladimiro Montesinos, halla la población capitalina a Alberto Fujimori de acuerdo con los resultados de la última encuesta del IOP de la Universidad Católica. 

En el primer caso –juicio por derechos humanos que ya acabó en primera instancia –, el 62% señala la responsabilidad del ex presidente. Y en el caso de la entrega de la “indemnización” a su ex asesor –juicio próximo a iniciarse–, un 70% de consultados lo considera culpable, contra un 15% que piensa que es inocente.

La explicación de David Sulmont, jefe de proyectos del IOP de la Católica, es que la posición de la población siempre ha sido más crítica respecto de los casos de corrupción que de las posibles violaciones de derechos humanos, porque en estas hay otro tipo de factores que son analizados por la ciudadanía, como la necesidad de respetar el orden y autoridad.

Sulmont también destacó que,  más allá de las posiciones a favor de una eventual reducción de la pena por factores como el de la edad de Fujimori, la población capitalina se pronunció en forma mayoritaria en contra de que el ex gobernante sea indultado en un eventual gobierno de su hija Keiko.

Así, del universo de encuestados, el 58% se pronunció en contra de un posible indulto, ya sea porque es culpable y debe cumplir su condena o porque es culpable y no sería ético que su hija lo indulte.

Datos

Recurso. Según la encuesta realizada entre 1º y 2 de mayo, el 43% los limeños opina que la Corte Suprema debería confirmar la sentencia y la pena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad ante el recurso de nulidad presentado por la defensa de Fujimori.

Justo. De otro lado, el 66% opina que la actuación de los jueces en ese proceso fue imparcial, y el 69% considera que se le garantizó el derecho a la defensa.