Humberto Campodónico.
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La primera y más importante reforma del Estado es impulsar el avance de la inversión descentralizada, lo que implica la transferencia de funciones y competencias, así como el fortalecimiento de las capacidades administrativas y técnicas de los gobiernos regionales y locales. Recordemos que el proceso recién comenzó en el 2003 y venía de menos a más, aumentando en 300% la ejecución de la inversión de los gobiernos regionales del 2003 al 2006, demostrando una capacidad igual a la del gobierno central: –aunque ciertamente unas regiones estuvieron mejor que otras–. 
Pero para Alan García y sus reflejos de gobernante, la cosa es exactamente al revés, pues se salta a la garrocha las instancias legales del proceso de descentralización y confía el mando del "proceso de reconstrucción" del Sur Chico a un empresario limeño, Julio Favre, de conocidas tendencias autoritarias.
Este "salto" no solo tiene implicancias "legales" o formales. Se trata de una vuelta de tuerca adicional de la alianza de García con la derecha empresarial, sobre todo con aquellos que también apoyaron a la dictadura fujimontesinista. Esta nueva opción, además, debilita a las regiones y permite vaticinar, desde ya, enfrentamientos con los gobiernos regionales en su conjunto.
No solo eso. Una vez más, el gobierno deja de lado toda iniciativa para lanzar el Centro de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) que en la campaña electoral ocupó lugar prominente en su Plan de Gobierno. Fue dejado de lado el primer año, pero García volvió a anunciar su implementación el pasado 28 de julio. Pero si no interviene, ahora, para ver el enlace entre el corto y el mediano y largo plazo, "ya fue".
Lo más preocupante es que esta alianza viene acompañada del mismo sonsonete que, bajo Fujimori y Toledo, repitió hasta el cansancio que la madre de todos los problemas era el "enorme tamaño del Estado", por lo que había que achicarlo en todos sus roles e instancias: gasto corriente, empresas estatales. Hoy, los mismos que ayer desmantelaron al Estado por "burocrático" e "ineficiente", se rasgan las vestiduras y lo acusan de "no estar a la altura de las tareas que debe cumplir".
Bajo Toledo, la inversión pública solo llegó al 2.8% del PBI, una de las más bajas de la Región y absolutamente insuficiente para atender las necesidades del Estado, sobre todo en los programas sociales y de infraestructura. Pero, qué importa, piensa la derecha, aquí "todo se olvida", con más razón aún si la prensa demuele a las instituciones estatales y alaba las "bondades" de las privadas.
Lo que se pretende, ahora, es tratar de retomar la privatización rechazada por la población en el 2002. Ahora, bajo el régimen de concesiones se han otorgado las carreteras y los aeropuertos, con compromisos mínimos. Quieren que sigan los puertos, las empresas eléctricas y de agua potable. No solo eso. Las donaciones se podrán deducir del impuesto a la renta, lo que les quita todo su contenido. Y ya se están pidiendo exoneraciones tributarias para "poder invertir en la reconstrucción", lo que, dicho en castellano, significa buenos negocios.
Así, la actual "política de reconstrucción" profundiza el modelo económico que agrava las desigualdades. En lugar de poner el péndulo al medio entre el Estado y el mercado, sacándolo del neoliberalismo extremo adonde lo llevó Fujimori, se ha optado por dejarlo bien arriba, a la derecha. Es el adiós definitivo al "cambio responsable".
