jueves, 20 de diciembre de 2007


Sociedad
180 mil inquilinos serían desalojados
Piden que jefe de Estado los deje un año más en monumentos históricos que ocupan, mientras los compran.
Por Luis Velásquez C.Foto: Yanina Patricio.

Piden otro plazo. Los vecinos que viven en inmuebles históricos están advertidos. Ellos anuncian que saldrán a protestar si no se les escucha.
La amenaza del desalojo aflige a decenas de miles de inquilinos que ocupan inmuebles considerados monumentos históricos. ¿La razón? El dispositivo legal que permite su permanencia en dichos predios (Decreto de Urgencia 039) expira el 31 de diciembre, luego de lo cual podrían ser echados.
Por eso, reclaman su derecho a esos inmuebles y piden les sean vendidos a precio justo. De lo contrario, saldrán a las calles a protestar, como el próximo 28 de diciembre, en que marcharán hacia Palacio de Gobierno para pedir que el presidente García emita un decreto de urgencia que les permita seguir en esos lugares por un año más.
PIDEN UN AÑO MÁS
En ese tiempo (hasta fines de 2008), esperan que el Congreso apruebe normas que permitan convertirlos en propietarios de estos predios. Esto implica congelar el alquiler de S/. 35 o S/. 40 que pagan por estos espacios, los mismos que, en su mayoría, son de la Beneficencia Pública, Universidad San Marcos, la Iglesia y el municipio de Lima.
El peligro de que pierdan las viviendas que ocupan es real, sostiene Ernesto Schultz Ávalos, presidente del Comité Promotor para la Renovación Urbana (CPRU), pues a partir de 2008 los contratos de alquiler de estos inmuebles estarán regidos por el Nuevo Código Civil, el cual fija otras condiciones.
"No queremos que nos regalen las propiedades. Pedimos que nos permitan organizarnos y financiar las recuperación de los inmuebles que ocupamos", asegura.
¿De cuánta gente hablamos? A decir de Isabel Moreno, secretaria del CPRU, de aproximadamente 180 mil familias a nivel nacional.
Todas piden lo mismo. "Las 150 mil familias que ocupan inmuebles monumentales en Lima y las 30 mil que viven en el interior, todas quieren recuperar estas casas, de acuerdo con sus posibilidades", añade.
La receta del presidente
En el título III (Liberar los bienes que el Estado no usa ni trabaja) de su artículo "Recetas para acabar con el perro del hortelano", el presidente Alan García propone que "(…) Mediante un decreto supremo, se facultará a más de cien beneficencias públicas que administra el Ministerio de la Mujer a vender los activos inmobiliarios que tienen a quienes los ocupan. Hay en todo el Perú aproximadamente 30,000 habitaciones o viviendas humildes que son propiedad de las beneficencias y por las que los inquilinos pagan por año un alquiler irrisorio, sin llegar a ser dueños de nada.
(...) Las beneficencias no reciben ingresos y, por falta de ellos y pésima administración, no han podido reedificar ni mejorar los corralones y quintas. Pero si se vende la vivienda o la habitación a la familia que lo ocupa, esta será propietaria y cuando lo decida, podrá mejorarla o venderla al propietario del cuarto vecino, con lo que se irá consolidando una vivienda mejor (…)".