Alberto Adrianzén
En este país cualquier cosa puede suceder, incluso que los neoliberales quieran construir su nuevo paraíso económico luego del desastre del sur. Porque eso es lo que se proponen luego de la designación del cuestionado Julio Favre como "zar" del Fondo de Reconstrucción del Sur (FORSUR). Hace unos días, Raúl Mendoza Cánepa en una columna publicada en el diario Correo y titulada "Cuchilleros" (29/08/07), discutiendo el tema de la reconstrucción de las zonas afectadas, dijo: "Claro que hacer un proyecto piloto de desarrollo liberal picará a los rojos que quisieran hacer de esta región un proyecto del Socialismo del Siglo XXI, un reino del ‘atún terremoto’ etiquetado por Chávez".
Hoy, luego del terremoto, los neoliberales tienen una suerte de territorio liberado que este gobierno, y en particular el Presidente García, les ha concedido, violando el proceso de descentralización como lo han hecho saber no sólo el presidente de la región Ica, Rómulo Triveño, sino también la Asamblea de Gobiernos Regionales que preside Vladimiro Huároc. En un comunicado público, esta Asamblea ha pedido que se respete la autonomía de los gobiernos regionales, pero también que cualquier colaboración o coordinación respecto al tema de la reconstrucción debe hacerse con estos gobiernos regionales.
Y es que el problema de fondo es quién dirige este país: o los empresarios o más bien el Estado Nacional que está representado por sus instituciones, como son también los gobiernos regionales y locales. Decir que el Estado tiene obvias deficiencias, retrasos y carencias no es argumento para entregarles a los empresarios un pedazo del país para que sea su "plan piloto" de un futuro desarrollo liberal. De lo que se trata es de transformar e institucionalizar este Estado para que sea eficiente y representativo y no entregárselo al sector privado como hoy se pretende.
Hay que recordar que Ica fue, hasta el sismo, algo así como la joya de la corona liberal: una región exportadora, con "pleno empleo" y altas tasas de crecimiento. Sin embargo, lo que mostró el terremoto fue otra cosa: pobreza y extrema pobreza. El asunto de Ica, por lo tanto, no se agota en el debate respecto a las complejidades y dificultades que supone la reconstrucción de esa región. Nadie en su sano juicio puede negarlo. Pero de ahí a avalar un esquema de reconstrucción, porque de eso se trata finalmente, que hace de los empresarios los salvadores de la patria y los únicos agentes del desarrollo, es otra cosa. Y si a ello le sumamos la composición del directorio de FORSUR, las cosas quedan aún más claras.
Ello no implica negar la contribución de los empresarios en las tareas de reconstrucción; pero cuando se escucha a Favre que le dice al presidente regional de Ica, "mezquino" porque cuestiona su designación, uno tiene todo el derecho a preguntarse si esa reconstrucción tomará en cuenta el interés de la población iqueña o más bien el de los empresarios. Triveño, más allá de gustos y colores, es un presidente regional elegido por el pueblo y representa a los iqueños, y no sólo a los damnificados como dijo Favre en una radio local.
Lo curioso en todo esto es que el terremoto no sólo ha desnudado las deficiencias del Estado; también las de la empresa privada, como lo demostró el caos en las comunicaciones que se produjo luego del sismo y que hasta ahora nadie puede explicar. Lo que ha habido, más bien en este caso, es una campaña para confundir y propiciar un falso debate. El asunto es tan obvio que algunos, como Mario Saldaña, empleado hasta hace poco de la Sociedad Nacional de Minería, dijo falsamente que durante el Gobierno de Transición se eliminó el famoso teléfono de tres cifras y que por ello no hubo comunicación inmediata luego del desastre. Esta mentira la recogió el diario Correo y más tarde el congresista Mauricio Mulder sin ninguna investigación de por medio. La idea era desviar la atención, culpar a otro y así salvar a Telefónica de una mayor explicación. El teléfono de tres cifras funcionó durante todo el Gobierno de Transición, y no fue desactivado como se dice.
Lo que habría que explicar e investigar es por qué habiendo el Gobierno de Transición, como dice el ex ministro de Transportes de Valentín Paniagua Luis Ortega, renovado el contrato de uso con el PANAMSAT en marzo del 2001, no existe un sistema satelital de comunicaciones a nivel de gobierno y de las FFAA, a través del PANAMSAT, como quedó demostrado luego del sismo. Esperamos una respuesta.
