| Colaboradores |
Sinesio López Jiménez.
La mayoría de los medios, de los políticos y de los analistas sostienen que no se deben politizar los juicios a los que será sometido Fujimori, que los jueces no deben ser sometidos a presiones y que solo ellos, sin interferencias de ninguna clase, deben decidir de acuerdo a la ley. Solo los fujimoristas creen que pueden salvar a su líder politizando los juicios. Mi impresión es que es difícil separar el escenario de los estrados judiciales del escenario político por varias razones. En primer lugar, los delitos de los que se acusa a Fujimori fueron cometidos por él como autor mediato o, en todo caso, cuando él era gobernante. En segundo lugar, el fujimorismo se expresa a través de una pequeña fuerza política parlamentaria que, como diría Sartori, cuenta porque tiene capacidad de chantaje y pue- de organizar coaliciones para dar mayoría a la primera minoría gubernamental. En tercer lugar, el gobierno va a ser tocado tanto en la cúpula del Ejecutivo (sus vicepresidentes fujimoristas) como en el Congreso, en el que el Apra tiene que confirmar o desmontar su alianza con el fujimorismo. En cuarto lugar, los medios, sobre todo los de oposición (que son pocos, pero son), no pueden, más allá de sus declaraciones, dejar de relacionar lo que pasa en los estrados judiciales con lo que pasa en la política. Finalmente, los parlamentarios fujimoristas han expresado su voluntad explícita de polítizar los juicios. Pese a que es difícil separar lo judicial de lo político en el caso de Fujimori, es necesario, sin embargo, diferenciar la lógica de los crímenes y del derecho penal de la lógica del poder y de la política. Esta diferenciación es lo que garantiza un juicio justo, objetivo e imparcial.
¿Cuáles son las armas a las que apelan los fujimoristas para politizar los juicios? Tres son los argumentos fundamentales que esgrimen en defensa de su líder. En primer lugar, sostienen que Fujimori fue un buen gobernante que enfrentó con éxito la crisis económica de los 80 y que acabó con el terrorismo. En segundo lugar, que no es el autor de los delitos de los que se le acusa y que no sabía nada de los asesinatos ni de la corrupción. En tercer lugar, que las acusaciones constituyen, en realidad, una persecución política. Todas estas "tesis" son francamente deleznables, particularmente la segunda y la tercera. Los expedientes de los diversos juicios contienen evidencias fácticas que muestran que Fujimori no solo sabía de los crímenes de lesa humanidad que cometía el Grupo Colina sino que los apoyaba pre- miando a sus autores. Lo mismo sucede con los expedientes de la corrupción. Ahora viene a mi memoria la justificación y defensa que Fujimori hizo de Montesinos cuando César Hildebrandt publicó las primeras evidencias de la co-rrupción de su asesor mostrando los millonarios depósitos en el Banco Wiese. Fujimori sostuvo entonces que Montesinos era un abogado exitoso y que por eso recibía elevados honorarios profesionales. En el supuesto negado de que no sabía nada de los asesinatos y de los robos cometidos durante su go-bierno, ¿ qué buen gobernante era ese que no sabía nada de lo que pasaba en su entorno más inmediato? Si efectivamente no sabía nada, entonces no estaríamos frente a un buen gobernante sino frente a un idiota superlativo. Por lo que los peruanos sabemos, Fujimori era todo menos un idiota. La acusación de persecución política tampoco tiene algún asidero. ¿Quién persigue a Fujimori? ¿El gobierno aprista, acaso? Todos sabemos que el presidente García no movió un dedo para extraditar a Fujimori. La justificación para su inactividad en el proceso de extradición era el respeto a los fueros del PJ de Chile, olvidando que el Perú y el gobierno del Perú eran parte interesada en ese juicio.
Creo que es necesario discutir también la tesis de Fujimori buen gobernante. Ese es un mito, construido por los medios y los empresarios fujimoristas, que es necesario desmontar. En efecto, los medios comprados por Fujimori y por Montesinos y los empresarios que se beneficiaron con su gobierno nos han vendido la imagen de Fujimori como gobernante exitoso y han perso-nalizado los supuestos éxitos de su gobierno (la solución de la crisis económica y la pacificación) en él. Los analistas tienen que desplegar un examen serio y exhaustivo desde la perspectiva de la economía política para entender y explicar objetivamente las transiciones, económica y estatal, que se produjeron en los primeros años de los 90, estudiar los actores y las coaliciones que las impulsaron, examinar el contexto en que se produjeron, precisar sus carac-terísticas y señalar sus logros y sus limitaciones y, desde luego, presentar el papel de Fujimori en esas transiciones. En lo que se refiere al proceso de pacificación, pienso que la CVR ha desempeñado una tarea esclarecedora que todos debiéramos agradecer. Solo falta resumirla y divulgarla para que llegue a las escuelas, a las familias y a la opinión pública.
¿Cuáles son las armas a las que apelan los fujimoristas para politizar los juicios? Tres son los argumentos fundamentales que esgrimen en defensa de su líder. En primer lugar, sostienen que Fujimori fue un buen gobernante que enfrentó con éxito la crisis económica de los 80 y que acabó con el terrorismo. En segundo lugar, que no es el autor de los delitos de los que se le acusa y que no sabía nada de los asesinatos ni de la corrupción. En tercer lugar, que las acusaciones constituyen, en realidad, una persecución política. Todas estas "tesis" son francamente deleznables, particularmente la segunda y la tercera. Los expedientes de los diversos juicios contienen evidencias fácticas que muestran que Fujimori no solo sabía de los crímenes de lesa humanidad que cometía el Grupo Colina sino que los apoyaba pre- miando a sus autores. Lo mismo sucede con los expedientes de la corrupción. Ahora viene a mi memoria la justificación y defensa que Fujimori hizo de Montesinos cuando César Hildebrandt publicó las primeras evidencias de la co-rrupción de su asesor mostrando los millonarios depósitos en el Banco Wiese. Fujimori sostuvo entonces que Montesinos era un abogado exitoso y que por eso recibía elevados honorarios profesionales. En el supuesto negado de que no sabía nada de los asesinatos y de los robos cometidos durante su go-bierno, ¿ qué buen gobernante era ese que no sabía nada de lo que pasaba en su entorno más inmediato? Si efectivamente no sabía nada, entonces no estaríamos frente a un buen gobernante sino frente a un idiota superlativo. Por lo que los peruanos sabemos, Fujimori era todo menos un idiota. La acusación de persecución política tampoco tiene algún asidero. ¿Quién persigue a Fujimori? ¿El gobierno aprista, acaso? Todos sabemos que el presidente García no movió un dedo para extraditar a Fujimori. La justificación para su inactividad en el proceso de extradición era el respeto a los fueros del PJ de Chile, olvidando que el Perú y el gobierno del Perú eran parte interesada en ese juicio.
Creo que es necesario discutir también la tesis de Fujimori buen gobernante. Ese es un mito, construido por los medios y los empresarios fujimoristas, que es necesario desmontar. En efecto, los medios comprados por Fujimori y por Montesinos y los empresarios que se beneficiaron con su gobierno nos han vendido la imagen de Fujimori como gobernante exitoso y han perso-nalizado los supuestos éxitos de su gobierno (la solución de la crisis económica y la pacificación) en él. Los analistas tienen que desplegar un examen serio y exhaustivo desde la perspectiva de la economía política para entender y explicar objetivamente las transiciones, económica y estatal, que se produjeron en los primeros años de los 90, estudiar los actores y las coaliciones que las impulsaron, examinar el contexto en que se produjeron, precisar sus carac-terísticas y señalar sus logros y sus limitaciones y, desde luego, presentar el papel de Fujimori en esas transiciones. En lo que se refiere al proceso de pacificación, pienso que la CVR ha desempeñado una tarea esclarecedora que todos debiéramos agradecer. Solo falta resumirla y divulgarla para que llegue a las escuelas, a las familias y a la opinión pública.
