Disidencias. Majaz y la profecía autocumplida
Alberto Adrianzén.
Fue William Thomas (1863-1947), sociólogo norteamericano, quien enunció, acaso, el más importante y único teorema de la sociología: "Si los individuos definen una situación como real, esa situación es real en sus consecuencias". Es la llamada profecía autocumplida.
Por ello, el Teorema de Thomas es una de las herramientas más importantes para entender la vida social y política. Un buen ejemplo de su utilidad lo acabamos de tener en Pisco. Hace unos días, el primer ministro Jorge del Castillo y su comitiva tuvieron que enfrentarse a un grupo de pisqueños que les gritaban 8.4. Lo sucedido fue que una radio de esa localidad dijo que el terremoto en Pisco había sido de 8.4 grados y no de 7.9 en la escala de Richter. La razón de esta supuesta mentira era que "existía" una norma que establecía que si un terremoto superaba los ocho grados, el gobierno estaba en la "obligación" de construir casas gratis y entregar una suma de dinero.
Como sabemos, esa norma no existe ni tampoco el terremoto de 8.4 grados, pero es obvio que lo propalado por esta radio y el "convencimiento" de los pobladores (no importan las razones) han tenido consecuencias reales. Tan reales que el gobierno decidió clausurar la radio argumentando que su licencia había caducado e intentó, también, cerrar el canal cuyo propietario era el mismo que el de la radio. Las acusaciones en el caso de Radio y Televisión Canal 15 Orión de Pisco, dicho sea de paso, son parecidas a lo sucedido en Venezuela contra el canal RCTV.
Si se observa bien, el Teorema de Thomas también está en la base de los llamados operativos psicosociales. La campaña del gobierno para favorecer a la mina Majaz es otro ejemplo. Con ello nos quieren "convencer" de que la consulta popular en tres distritos ubicados en las provincias de Huancabamba y Ayabaca en Piura es ilegal, por lo siguiente: a) las municipalidades no pueden hacer consultas públicas; b) la Defensoría del Pueblo considera improcedente dicha consulta; c) la democracia no permite que tres distritos decidan por el país, y d) la consulta es antidemocrática.
Al igual que el famoso "terremoto de 8.4" en Pisco, los argumentos de algunos medios y, en el caso de Majaz, del gobierno, también son falsos. En la Ley de Municipalidades uno puede encontrar los fundamentos legales de la consulta popular que pretenden hacer estos tres municipios piuranos. Por lo tanto, como dice también la Defensoría del Pueblo, el acto de este domingo es legal. De otro lado, es democrático.
En un reciente comunicado estos alcaldes han sostenido que la consulta popular no es vinculante, pero que es importante que la población opine al respecto. Además, como dicen, consultas se han dado en otros distritos del país como San Isidro (Lima) y Morococha (Junín). Amenazar a estas autoridades locales como hace el gobierno es, pues, un acto persecutorio; prohibir esta consulta es inconstitucional al pretender limitar los derechos de participación y la libertad de los pobladores en esos tres distritos piuranos para decidir sobre los destinos de sus comunidades. Una democracia no se reduce a votar cada cinco años. También importa sobre qué deciden sus ciudadanos.
A todo esto habría que sumarle la campaña del gobierno y de algunos programas adictos al oficialismo contra radio Cutivalú de Piura por, supuestamente, censurar un comunicado del Ministerio de Energía y Minas (Minem). El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), en una carta dirigida al Secretario General de dicho ministerio, dice: "Rodolfo Aquino (el director de la radio) nos ha manifestado que verbalmente le dijo al Ministerio –y lo hemos comprobado– que si el Minem suscribía explícitamente el spot (como se sabe el spot no lo suscribía ningún organismo del Estado) y retiraba la parte no veraz, se difundiría. El Minem, sin embargo, nunca envió a Cutivalú el spot corregido".
El asunto Majaz puede ser el punto de quiebre respecto al futuro ecológico de nuestro país; asimismo, busca establecer un modelo de relación entre la minería y las comunidades que favorece abiertamente a las grandes empresas. Es la comprobación, finalmente, no sólo la enorme fuerza de los lobbies económicos y la derechización de este gobierno sino también de su fujimorización progresiva al emplear, como recurso principal de la política, los operativos psicosociales. Tal y como sucedió en la década pasada.
Por ello, el Teorema de Thomas es una de las herramientas más importantes para entender la vida social y política. Un buen ejemplo de su utilidad lo acabamos de tener en Pisco. Hace unos días, el primer ministro Jorge del Castillo y su comitiva tuvieron que enfrentarse a un grupo de pisqueños que les gritaban 8.4. Lo sucedido fue que una radio de esa localidad dijo que el terremoto en Pisco había sido de 8.4 grados y no de 7.9 en la escala de Richter. La razón de esta supuesta mentira era que "existía" una norma que establecía que si un terremoto superaba los ocho grados, el gobierno estaba en la "obligación" de construir casas gratis y entregar una suma de dinero.
Como sabemos, esa norma no existe ni tampoco el terremoto de 8.4 grados, pero es obvio que lo propalado por esta radio y el "convencimiento" de los pobladores (no importan las razones) han tenido consecuencias reales. Tan reales que el gobierno decidió clausurar la radio argumentando que su licencia había caducado e intentó, también, cerrar el canal cuyo propietario era el mismo que el de la radio. Las acusaciones en el caso de Radio y Televisión Canal 15 Orión de Pisco, dicho sea de paso, son parecidas a lo sucedido en Venezuela contra el canal RCTV.
Si se observa bien, el Teorema de Thomas también está en la base de los llamados operativos psicosociales. La campaña del gobierno para favorecer a la mina Majaz es otro ejemplo. Con ello nos quieren "convencer" de que la consulta popular en tres distritos ubicados en las provincias de Huancabamba y Ayabaca en Piura es ilegal, por lo siguiente: a) las municipalidades no pueden hacer consultas públicas; b) la Defensoría del Pueblo considera improcedente dicha consulta; c) la democracia no permite que tres distritos decidan por el país, y d) la consulta es antidemocrática.
Al igual que el famoso "terremoto de 8.4" en Pisco, los argumentos de algunos medios y, en el caso de Majaz, del gobierno, también son falsos. En la Ley de Municipalidades uno puede encontrar los fundamentos legales de la consulta popular que pretenden hacer estos tres municipios piuranos. Por lo tanto, como dice también la Defensoría del Pueblo, el acto de este domingo es legal. De otro lado, es democrático.
En un reciente comunicado estos alcaldes han sostenido que la consulta popular no es vinculante, pero que es importante que la población opine al respecto. Además, como dicen, consultas se han dado en otros distritos del país como San Isidro (Lima) y Morococha (Junín). Amenazar a estas autoridades locales como hace el gobierno es, pues, un acto persecutorio; prohibir esta consulta es inconstitucional al pretender limitar los derechos de participación y la libertad de los pobladores en esos tres distritos piuranos para decidir sobre los destinos de sus comunidades. Una democracia no se reduce a votar cada cinco años. También importa sobre qué deciden sus ciudadanos.
A todo esto habría que sumarle la campaña del gobierno y de algunos programas adictos al oficialismo contra radio Cutivalú de Piura por, supuestamente, censurar un comunicado del Ministerio de Energía y Minas (Minem). El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), en una carta dirigida al Secretario General de dicho ministerio, dice: "Rodolfo Aquino (el director de la radio) nos ha manifestado que verbalmente le dijo al Ministerio –y lo hemos comprobado– que si el Minem suscribía explícitamente el spot (como se sabe el spot no lo suscribía ningún organismo del Estado) y retiraba la parte no veraz, se difundiría. El Minem, sin embargo, nunca envió a Cutivalú el spot corregido".
El asunto Majaz puede ser el punto de quiebre respecto al futuro ecológico de nuestro país; asimismo, busca establecer un modelo de relación entre la minería y las comunidades que favorece abiertamente a las grandes empresas. Es la comprobación, finalmente, no sólo la enorme fuerza de los lobbies económicos y la derechización de este gobierno sino también de su fujimorización progresiva al emplear, como recurso principal de la política, los operativos psicosociales. Tal y como sucedió en la década pasada.
