Según estudio de Cofopri usado para sustentar iniciativa que ejecutivo envió al Congreso. Estiman que proceso podría significar un desembolso del Estado de 236 millones 905 mil soles.
María Elena Castillo.
La polémica Ley de Expropiaciones promulgada por el presidente Alan García no contó con las opiniones de todos los involucrados, pues se sustentó básicamente en informes oficiales, como el elaborado por la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri).
Según el documento, al que La República tuvo acceso, existen en el país 252 mil 65 predios pendientes de formalización que están ubicados en propiedades privadas, de los que solamente 50 mil 960 no tenían otra vía de regularizar su situación más que a través de la expropiación.
El informe precisa que el 80% de los lotes pendiente de titulación podrían formalizarse mediante procedimientos de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio o por regularización del tracto sucesivo, así como por reversiones o conciliación. Y admite que solo el 20% restante no tenía otro camino posible más que la expropiación.
Precisa que el beneficio alcanzará a las 50,960 familias que viven en dichos lotes, compuestas por aproximadamente 254 mil 800 personas.
Millonarios costos
El documento de Cofopri, entregado a la Comisión de Vivienda del Congreso un día antes de la aprobación de la ley, incluye cifras estimadas sobre el costo que podría demandar al Estado el pago del justiprecio.
Precisa que la valorización comercial por metro cuadrado en la costa, excluyendo la ciudad de Lima, sería de 14.40 soles; mientras que en la sierra y la selva es de 8 soles. Señalan que el costo total de estas regiones superaría los 126 millones de soles.
Mientras que en el caso de Lima el detalle es mucho más preciso. Cofopri identificó 49 asentamientos humanos que podrían beneficiarse con las expropiaciones ubicados en Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Pachacamac y Puente Piedra. En ellos, el valor comercial por metro cuadro oscila entre 22.40 y 80 soles entre el primero y el último.
El informe de Cofopri señala que hasta el momento se han identificado 6,363 predios en Rinconada Alta, Cercado, Manchay y Lomo de Corvina por los que se pagaría alrededor de 110 millones de soles.
Por ello, el costo total programado a nivel nacional bordea los 237 millones de soles. El informe refiere que, de acuerdo a los estudios realizados y la estimación del diagnóstico y saneamiento físico legal necesarios, se puede programar la formalización de 3,500 lotes en once meses.
Falta el reglamento
Por su parte, la ministra de Vivienda y Construcción, Nidia Vílchez, sostuvo que se está elaborando el reglamento que determinará el procedimiento específico a seguir y que, una vez listo, se publicará el listado de asentamientos humanos que se podrán acoger la ley de expropiaciones.
Señaló que en este momento Cofopri está actualizando el registro de propiedades informales que existen, sobre todo en el interior del país, pues en la capital este procedimiento ya ha finalizado y se cuenta con datos oficiales.
Asimismo, la ministra aseguró que de ninguna manera el dispositivo promulgado por el Ejecutivo promueve invasiones o “premie a los invasores” porque dice claramente que podrán acogerse solamente aquellas personas que hayan ocupado terrenos privados hasta el 31 de diciembre del 2004.
Sin embargo, han comenzado a escucharse voces que advierten el peligro de que este o el siguiente gobierno puedan promover otra ley ampliando esta fecha.
También trascendió que hasta el momento ya se han producido dos intentos, desestimados por la Comisión de Vivienda del Congreso, en ese sentido, que pedían se apruebe la expropiación de terrenos privados hasta el año 2006.
Datos
Niegan populismo. El congresista Elías Rodríguez, presidente de la Comisión de Vivienda del Congreso, negó que la norma sea populista o inconstitucional. Afirmó que, más bien, busca resolver un problema social.
Justiprecio. El parlamentario sostuvo que se incluye cláusulas para garantizar el pago a los propietarios de los terrenos en un tiempo prudente, pues indica que el MEF debe incluirlo en el presupuesto en el plazo de un año.
Reacciones
“Es inconstitucional porque la Carta de 1993 permite la expropiación por seguridad o utilidad pública”.
Samuel Abad
Abogado constitucionalista
“Aunque la norma es controversial resuelve un problema postergado y se evita muertes por desalojos”.
Carlos Bruce
Congresista de la República
