Ley promovida por el ejecutivo permite expropiación de terrenos. Polémica norma establece el pago a propietarios afectados por ocupación ilegal. Pobladores de AAHH presionaron en calles.
Alonso Ramos
La Comisión Permanente del Congreso aprobó el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que prioriza la entrega de terrenos ocupados por informales hasta el 31 de diciembre del 2004.
La aprobación tuvo como telón de fondo la marcha que realizaron hasta la sede del Poder Legislativo miles de personas que habitan en los asentamientos humanos.
De acuerdo a la norma promovida por el gobierno, y aprobada por 24 votos a favor y una abstención, “se tiene en calidad de beneficiarios a los ocupantes informales de los terrenos materia de expropiación”.
Según el dispositivo, entidades del Estado como el Ministerio de Vivienda, el Organismo de Formalización de Propiedad Informal (Cofopri) o las municipalidades correspondientes serán los que requieran la venta del terreno para los ocupantes a los propietarios originales, previa evaluación.
Expropiarán terrenos
La ley dice que “los beneficiarios asumirán el pago” del valor del terreno, sin considerar las mejoras que hayan hecho los posesionarios después de la ocupación.
La ministra de Justicia, Rosario Fernández, quien sustentó la iniciativa legal en el mencionado grupo congresal, manifestó que la iniciativa no trasgrede la normativa vigente, puesto que la Constitución permite expropiar bienes en beneficio público.
Fernández dijo que no se afecta a los terrenos de comunidades campesinas si las ocupaciones se han “hecho de manera pública, pacífica y sin interrupciones y que a la fecha se estén detentando”. En ese sentido, argumentó que la norma puede contribuir a prevenir los conflictos sociales.
“La ley aprobada beneficia a los propietarios que no tienen forma de desalojar a los ocupantes otorgándoles un pago justo”, aseveró el congresista de Alianza Parlamentaria y ex ministro de Vivienda Carlos Bruce.
El gobierno difiere en la cifra de beneficiados. De acuerdo con el comunicado del Minjus, los afortunados alcanzan a las 500 mil personas, mientras que Cofopri refiere que se trata de aproximadamente un millón 300 mil familias.
Por su parte, el director ejecutivo de Cofopri, Omar Quesada, anotó que con un adecuado registro se pondrá al descubierto a los traficantes de tierras.
¿Justicia o populismo?
Previo a la aprobación en el Parlamento, miles de pobladores de asentamientos humanos recorrieron la capital, generando una gran congestión vehicular a su paso.
“Necesitamos luz, agua, pistas, veredas. No tenemos nada desde hace nueve años”, remarcó el dirigente vecinal Jorge Baca Huamán.
El intenso calor no menguó la voluntad de los manifestantes que llegaron al Poder Legislativo. Solo una comitiva pudo ingresar.
Al respecto, el experto en temas de titulación de tierras Enrique Díaz advirtió que la ley puede correr el riesgo de caer en la politización, por lo que se tiene que aplicar una serie de correcciones.
“No se puede convertir en una máquina de producir títulos. La ley puede ser manipulada con fines políticos”, puntualizó Díaz, quien trabajó el tema en el Instituto Libertad y Democracia.
Díaz recomendó que la labor de los organismos encargados de ejecutar la expropiación sea lo más transparente posible.
Datos
Marco. El gobierno planteó la modificatoria del artículo 21 de la Ley de Desarrollo de Formalización de la Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos.
Argumentos. Se indica que con la formalización del terreno se busca que los beneficiarios ingresen a la economía formal siendo sujetos a crédito en el mercado nacional. Asegura que la normativa traerá un clima de paz social.
Experto afirma que es paliativo
El especialista en temas de propiedad informal FernandoCantuarias Salaverry comentó que el problema de la informalidad no solo atañe a los asentamientos humanos sino también compromete a los predios urbanos.
“Las invasiones crecen dramáticamente en el Perú, ya que el trámite de formalizar un terreno en la Superintendencia de Bienes Nacionales dura cinco años”, indicó Cantuarias.
“Sigue siendo un cuello de botella que la oferta no supera largamente la demanda. La norma puede ser un paliativo”, agregó. En ese sentido, Cantuarias Salaverry hizo hincapié en que muchas viviendas de zonas urbanas no han sido formalizadas ni habilitadas, pues están inscritas bajo el nombre de asociaciones y no del propietario. “Hay que atacar ese tipo de informalidad”, dijo.
