Se trata de 53 asentamientos humanos ubicados en siete distritos de Lima. En la capital aún falta evaluar otros 15 mil lotes para determinar si podrían acogerse a la Ley de Expropiaciones.
María Elena Castillo.
El organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) ha identificado los primeros 12,153 predios, localizados en siete distritos de Lima Metropolitana, que podrían acogerse a la Ley de Expropiaciones porque cumplen los requisitos que señala la norma, señaló el jefe de esta entidad, Omar Quesada Martínez.
Estos terrenos se encuentran en posesión de 53 asentamientos humanos ubicados en los distritos de Puente Piedra, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Ate, Cieneguilla y Pachacámac, y tienen una antigüedad que oscila entre 6 y 44 años.
El de mayor antigüedad es el Cercado de Puente Piedra, invadido en 1965 y donde han calificado 2,300 lotes, seguido del sector El Pedregal (una ampliación de los Huertos de Manchay), invadido en 1984 y en el que 256 lotes cumplen los requisitos para acceder a la norma.
Quesada explicó que ésta es una primera lista, pues aún está pendiente la evaluación de otros 15 mil lotes más, repartidos en varios distritos de la capital. Precisó que si todos ellos cumplen los requisitos, se podría hablar de una población beneficiada de 135 mil 765 personas, solo en Lima.
Sin embargo, aclaró que una vez se culmine el diagnóstico caso por caso, y se publique el reglamento de la Ley, entregarán al Congreso los listados de los potenciales beneficiarios de las expropiaciones, los cuales deberán ser aprobados por el Congreso.
Elaboran el reglamento
El jefe de Cofopri insistió en que la norma no es inconstitucional, pues solo aplica el artículo 70 de la Carta Magna, que permite la expropiación por defensa nacional o interés público, el cual está desarrollado por la Ley Orgánica de Municipalidades.
“En el artículo 96 dice que una de las causas de necesidad pública es el saneamiento físico legal de espacios urbanizados que hayan sido ocupados por acciones de hecho y sin posibilidad real de restablecimiento del estado anterior. Entonces, constitucionalmente estamos amparados”, sostuvo.
Por ello, indicó que están abocados a elaborar el reglamento de la ley para iniciar el proceso, el cual deberá estar listo en el plazo de 30 días.
Asimismo, señaló que si bien hay alrededor de 252 mil predios sin formalizar ubicados en terrenos privados, no todos necesariamente se acogerán a la expropiación, sino que optarán otras alternativas, como la prescripción administrativa o la conciliación.
“Tenemos brigadas trabajando para identificar cada caso y determinar los predios que cumplen con los requisitos de la norma, porque todos no podrán acceder a ella”, comentó.
Reveló que tras la promulgación de la norma se acercaron varios propietarios de terrenos invadidos para consultar las implicancias de la misma, los que mostraron un alivio porque habían perdido las esperanzas de recobrar su terreno o cobrar alguna indemnización.
Sin pago no hay título
Asimismo, Quesada adelantó que el reglamento establecerá los requisitos exactos y los supuestos en los que procederá la expropiación, pero además, incluirá cláusulas que eviten el populismo, como por ejemplo, una cláusula de resolución, que indique expresamente que si el beneficiario no paga al Estado, no recibirá nunca el título de propiedad.
“Es que ahora lo que hace el Estado es convertirse en un facilitador, porque él paga a los dueños de los terrenos, pero si no le pagan al Estado entonces se resuelve el contrato y los pobladores nunca tendrán el título”, argumentó.
Insistió en que esta cláusula es la mejor prueba de que no se ha promulgado la ley con fines electoreros ni populistas, sino con el único objetivo de resolver un problema que tenía 10, 20 o más de 30 años sin salida.