Omar quesada niega que se premie a invasores. Decano de Colegio de Arquitectos opina que normas como esta solo promueven que el Perú crezca por barriadas y no por urbanizaciones.
Cecilia Mendoza.
La ley de la expropiación de terrenos a favor de quienes los ocuparon ilegalmente hasta diciembre del 2004 ha despertado gran polémica y dividido opiniones entre los expertos y los políticos.
Los entendidos, por ejemplo, rechazan la ley por interpretarla como promotora de la informalidad, y advierten que nada garantiza que normas similares no se sigan promulgando en el futuro.
El decano del colegio de arquitectos, Javier Sota Nadal, refirió que el gobierno parece santificar las invasiones en lugar de la planificación urbana.
“El Estado debería prever la necesidad de vivienda de la población y no dejar que el Perú crezca por barriadas”, argumentó.
El experto en temas municipales Marco Tulio Gutiérrez complementó esta posición recordando que el Poder Ejecutivo ha aprobado desde 1953 una serie de leyes que tienen por finalidad convalidar las invasiones que son ilegales tanto en terrenos públicos como privados.
El abogado apuntó que existen a la fecha seis leyes que formalizan a los invasores en distintas épocas, y que estas se dieron en cuatro gobiernos distintos; la primera en el gobierno de Manuel Prado, luego en el primer gobierno de Alan García Pérez, y también durante los mandatos de Alberto Fujimori y Alejandro Toledo.
“Por eso nada garantiza que no se vuelva a dar una ley que formalice las invasiones, el corte del gobierno es netamente populista”, dijo.
Lo mejor es planificar
En tanto, el congresista Carlos Bruce, integrante de la Comisión de Vivienda, dijo que se trata de una ley delicada. “No es el tipo de ley que debe darse todos los días”, indicó.
El arquitecto Javier Sota Nadal destacó por su lado que las invasiones deben desaparecer, y en cambio se debe pensar en nuevas ciudades, hacer planificación urbana.
Explicó que las invasiones dejan secuelas negativas en la ciudad, como barrios que no cuentan con calles y hogares sin servicios básicos de saneamiento, tampoco piensan en reservorios de agua ni en postas. Por eso propone una intervención con vistas a una planificación urbana, como ocurrió en Villa El Salvador.
A su turno, Gutiérrez plantea la adecuada utilización de los terrenos eriazos del gobierno, como lo hizo el alcalde Alfonso Barrantes al planificar la zona de Huaycán.
Claves
Beneficiarios. El presidente de la Comisión de Vivienda del Congreso, Elías Rodríguez, detalló que la norma beneficiaría a un millón de personas en Lima y a cerca de medio millón en el interior del país.
En el sur. Según la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal, solo en Tacna y Arequipa esta norma alcanzaría a 12 mil familias invasoras.
“No promueve informalidad”
En declaraciones a una emisora, el director ejecutivo del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), Omar Quesada, señaló que esta norma no está premiando a los traficantes de terrenos, sino es una manera de dar una solución al saneamiento de estos terrenos invadidos, que el Poder Judicial no ha resuelto con prontitud.
Por su parte el presidente de la Comisión de Vivienda del Congreso, Elías Rodríguez, considera esta ley como un proyecto de justicia social y hasta cierto punto revolucionario, porque el Estado pagará un justiprecio a los propietarios originales de los predios y luego los nuevo dueños harán lo mismo con el gobierno. Agregó que el establecimiento de una fecha es para evitar nuevas apropiaciones informales más adelante. “E
