POLÍTICA | Jue. 05 feb '09
Expertos consideran que se atenta contra la propiedad privada y que se incentiva invasiones. Premier Simon defiende medida y dice que la justicia social no tiene ningún trasfondo.
Aunque el Gobierno y el Congreso aseguran que la ley aprobada sobre expropiación y titulación de predios invadidos no incentiva la ocupación ilegal ni viola la propiedad privada, lo cierto es que la medida ha despertado fuertes críticas y muchas dudas entre diversos expertos consultados por Perú.21.
El abogado Francisco Avendaño, especialista en derecho de propiedad, advirtió que, de promulgarse la norma, será inconstitucional porque la Carta Magna, en su artículo 70, establece que la propiedad es un derecho inviolable, salvo por seguridad nacional y necesidad pública. Sobre este último concepto, precisó que cuando se debatió la Constitución quedó claro que se refería a la construcción, por ejemplo, de un aeropuerto o de una carretera.
“En la interpretación doctrinaria es inadmisible la expropiación para terceros”, sentenció. Consideró también que se trata de un claro retroceso en el régimen económico moderno que puede preocupar a los inversionistas.
NEGOCIADO. Para el arquitecto Augusto Ortiz de Zevallos, si bien el aspecto positivo del dictamen es la necesidad de formalizar a pobladores que han vivido marginados durante muchos años, un punto preocupante es que podría legitimar el negociado de los traficantes de terrenos y abrir la puerta para futuras invasiones que esperan normas similares. “Antes, las invasiones podían ser espontáneas, generadas por la miseria y la migración, tenían la capacidad de autoconstruir y consolidarse. Esa visión positiva ya no es muy real, ahora hay traficantes”, refirió. Dijo, asimismo, que es urgente diferenciar entre aquellas personas que toman posesión de un terreno “en el fondo de la cola” por necesidad y las que invaden suelo estratégico junto a una vía principal.
Javier Azpur, coordinador de Propuesta Ciudadana, puntualizó que el tema tiene dos ángulos, uno de los cuales es que pone en valor los predios ocupados. Sin embargo, sostuvo que si el Estado no tiene un catastro claro de las invasiones, ni tampoco un plan para el crecimiento ordenado de la ciudad, se trataría de una medida aislada “con sabor populista”.
JUSTICIA SOCIAL. El premier Yehude Simon salió al frente de las críticas y negó que la medida tenga un corte populista o avale las invasiones. También descartó que se convierta en un mal precedente. “La justicia social no tiene trasfondo”, enfatizó tras señalar que a los propietarios de los terrenos expropiados se les pagará un justiprecio.
El abogado Francisco Avendaño, especialista en derecho de propiedad, advirtió que, de promulgarse la norma, será inconstitucional porque la Carta Magna, en su artículo 70, establece que la propiedad es un derecho inviolable, salvo por seguridad nacional y necesidad pública. Sobre este último concepto, precisó que cuando se debatió la Constitución quedó claro que se refería a la construcción, por ejemplo, de un aeropuerto o de una carretera.
“En la interpretación doctrinaria es inadmisible la expropiación para terceros”, sentenció. Consideró también que se trata de un claro retroceso en el régimen económico moderno que puede preocupar a los inversionistas.
NEGOCIADO. Para el arquitecto Augusto Ortiz de Zevallos, si bien el aspecto positivo del dictamen es la necesidad de formalizar a pobladores que han vivido marginados durante muchos años, un punto preocupante es que podría legitimar el negociado de los traficantes de terrenos y abrir la puerta para futuras invasiones que esperan normas similares. “Antes, las invasiones podían ser espontáneas, generadas por la miseria y la migración, tenían la capacidad de autoconstruir y consolidarse. Esa visión positiva ya no es muy real, ahora hay traficantes”, refirió. Dijo, asimismo, que es urgente diferenciar entre aquellas personas que toman posesión de un terreno “en el fondo de la cola” por necesidad y las que invaden suelo estratégico junto a una vía principal.
Javier Azpur, coordinador de Propuesta Ciudadana, puntualizó que el tema tiene dos ángulos, uno de los cuales es que pone en valor los predios ocupados. Sin embargo, sostuvo que si el Estado no tiene un catastro claro de las invasiones, ni tampoco un plan para el crecimiento ordenado de la ciudad, se trataría de una medida aislada “con sabor populista”.
JUSTICIA SOCIAL. El premier Yehude Simon salió al frente de las críticas y negó que la medida tenga un corte populista o avale las invasiones. También descartó que se convierta en un mal precedente. “La justicia social no tiene trasfondo”, enfatizó tras señalar que a los propietarios de los terrenos expropiados se les pagará un justiprecio.
