Indecopi augura mayor competencia. Sin embargo, medida que levanta derechos antidumping a los aceites argentinos afectaría a los agricultores locales.
Vanessa Ochoa.
Guerra de precios. Aunque criticada por algunos sectores, la medida dada por el Indecopi de reducir la sobretasa a la importación de aceite vegetal argentino generará en el mercado local una mayor competencia y una “guerra de precios” a favor del consumidor.
Y es que, según la ministra de la Producción, Elena Conterno, la industria del aceite tiene una elevada concentración y un comportamiento de seguimiento al líder del mercado.
“Si el líder sube o baja en 5 o 10, entonces los demás hacen lo mismo, no hay un comportamiento competitivo”, sostuvo Conterno.
La titular de Produce comentó que algunas cadenas de supermercados importan el aceite de manera directa y lo venden a un menor precio o lo entregan de manera gratuita a manera de promoción.
empieza la guerra
En la misma línea de Conterno, el presidente de Indecopi, Jaime Thorne, consideró que la medida traerá una “guerra de precios” en el mercado de aceites a beneficio del público pues se tratará de dar el mejor costo.
Aunque prefirió no proyectar en cuánto podría reducirse el precio de la botella de aceite, solo se limitó a indicar que la reducción debería ser sustancial.
“No puedo proyectar cuánto se reducirá el precio porque eso depende de los empresarios. Solo puedo decir que quienes quieran empezar a competir en el mercado pueden hacerlo”, sostuvo Thorne.
Por ello consideró que ya no habrá necesidad de que el gobierno intervenga en el mercado local por los costos del aceite pues esta reducción permitirá mejores precios.
Thorne reflexionó sobre la aplicación de derechos antidumping y explicó que luego de 5 años de haberlos aplicados (se dio en el 2002) los productores nacionales debieron ser competitivos pues estamos en una etapa de globalización y competencia mundial.
Los derechos serán pagados solo por cuatro empresas argentinas productoras de aceite (Molinos Río de la Plata S.A., Aceitera General Deheza S.A., Nidera S.A. y Aceitera Martínez S.A. ). El resto de empresas puede ingresar libremente al país.
No se pronuncian
Por su parte, la Sociedad Nacional de Industria (SNI) prefiere, por el momento, no pronunciarse respecto al impacto de la medida,
Alejandro Daly, gerente del comité de fabricantes de aceite, explicó que se está realizando un estudio técnico al respecto para luego pronunciarse.
Sin embargo, cuando se difundió la decisión de Indecopi, Daly advirtió que aún persisten las condiciones para que se dé el antidumping,
Asimismo consideró que no era prudente que la ministra de la Producción hiciera una recomendación al respecto a un ente autónomo como el Indecopi.
Otro de los puntos que destacó Daly fue que la medida afectaría a cerca de 40 mil familias que dependen de la siembra de la palma aceitera.
Esta información fue corrobarada por Antonio Trujillo, presidente de la Confederación Nacional de Palmicultores y Empresas de Palma Aceitera de Perú (Conapal), quien llegó a Lima para acordar con el sector industrial la medida que tomarán.
“El precio de la tonelada de racimo de fruto fresco ha pasado de US$ 190 a casi US$ 80 en menos de un mes, lo que ya nos perjudica, además de esta nueva medida. No nos asusta la competencia sino los subsidios con los que viene el producto”, dijo .
Reducción a la importación
El viernes, Indecopi anunció que reducía significativamente el monto de los derechos antidumping que se venía aplicando desde el 2002 a las importaciones de aceite refinado producido o exportado por cuatro empresas argentinas. Indecopi fijó la cuantía de estos derechos en US$ 73 por tonelada, lo cual representa en la práctica una sobretasa de aproximadamente S/.0.20 por litro de aceite.
En todos los casos se comprobó que tales importaciones causaban un daño importante a la industria nacional, por lo que los derechos antidumping quedaron fijados entre 17% y 20% del precio FOB de exportación, los cuales representan en la actualidad entre US$216 y US$254 por tonelada. En el 2007, los productores nacionales solicitaron al Indecopi que amplíe la medida por cinco años.