“La ley facilita mucho, pero hay que pagar el justiprecio”

 

Entrevista/Nidia Vílchez. La ministra anunció que Cofopri está trabajando en elaborar el reglamento e identificar a los beneficiarios, a fin de enviar los documentos al Parlamento lo más lo pronto posible.

María Elena Castillo.

La Ley de Expropiación generó una gran polémica y para muchos incluso es inconstitucional. ¿No había otra salida para resolver el problema de las invasiones?

Esta es una ley marco. Es una precisión en el artículo 21 de una norma, aprobada en el gobierno anterior, que permite solucionar el problema de legitimidad de terrenos. Esta ley marco no permite de por sí hacer las expropiaciones y lo que vamos a hacer ahora es elaborar un reglamento, que está a cargo de Cofopri, que diga cómo se identificarán los terrenos que tienen litigios, de hace 15, 20, 30 años, y que hasta le fecha no se pueden titular. 

¿Qué sigue luego?

Una vez identificados los asentamientos beneficiarios mandaremos la propuesta al Parlamento para que aprueben las expropiaciones.

¿Se aprobará caso por caso?

El Congreso deberá aprobar caso por caso. Hay una norma que así lo indica. Nosotros, el Estado, no podemos, motu proprio, decir: a, b, c, d van a ser los expropiados. La ley facilita a muchos peruanos la propiedad, pero también pagar un justiprecio por ese terreno, que el propietario o privado ya no puede recuperar como terreno porque ya hay edificaciones, pero también habían perdido la esperanza de que hubiera un justiprecio. Entonces estamos beneficiando al que está en el lugar y también al propietario.

No a las invasiones

Ya que se afecta el derecho de propiedad ¿recogieron el punto de vista de los propietarios?

Es que han dicho: esta ley promueve las invasiones. Eso no es cierto. Y si bien esta ley tiene potenciales beneficiarios no incita a invasiones porque también tomamos una fecha, ya planteada en la ley promulgada por el gobierno anterior, del 31 de diciembre del 2004. Que quede claro que no alentamos invasiones; por el contrario, pedimos el respeto de la propiedad privada y el Ministerio del Interior será el que haga respetarla, así como al principio de propiedad.

¿Qué garantiza que este u otro gobierno no amplíe el plazo de los beneficiarios? 

El Parlamento podría ampliarlo; además, ellos son los que autorizan las expropiaciones. Nosotros nos responsabilizamos de la norma que hemos promovido y del Ejecutivo no tendremos otro proyecto de ley más para ampliar el marco. Vamos a trabajar en el reglamento, en la identificación de estos predios, y, en el menor tiempo posible, presentarlos al Parlamento Nacional.
¿Hay presupuesto para cubrir los 237 millones que según Cofopri se necesitarían en total?

Primero hay que identificarlos y ver cuántos de estos beneficiarios de la ley se acogerán a las otras opciones que hay (conciliación y prescripción administrativa). Y si el Estado ha promovido esta ley tendrá que responder presupuestalmente, pues esto se recuperará con el pago de los beneficiarios.

Propietario e invasor acordarán el justiprecio

¿Cómo se determinará el justiprecio? 

La ley garantiza el pago y el Estado lo asumirá incluso cuando, mediante sentencia judicial o laudo arbitral, sea de mayor valor. Se pondrán de acuerdo el propietario y quien está viviendo allí, pero como terreno sin las mejoras, como agua, luz. Y la transferencia de la propiedad solo se ejecuta si el Estado acredita el pago. Eso está claro.

Un acuerdo será difícil…

Aspiramos a que se pondrán de acuerdo en la valorización.

No habrá una comisión que determine el justiprecio?

Lo que queremos es que se pongan de acuerdo. Dicen que el precio será muy alto y la gente no querrá pagar, pero hay mucha gente que quiere pagar y no sabe a quién hacerlo.

¿Y si no llegan a acuerdo?

Se verá en el Poder Judicial o en centros de arbitraje.