Carlos Reyna. Según el analista político, la inminente ola de huelgas muestra el malestar de la gente por el manejo insensato del presidente García.
Claudio Chaparro.
La población vive una etapa de descontento. Se anuncian huelgas de los médicos, de construcción civil, protestas de la CITE... 
Todo esto revela que el ciclo feliz del gobierno de Alan García ya se acabó. Ese ciclo permaneció hasta julio de este año. No digo que los dos años anteriores de gobierno hayan sido de tranquilidad y armonía, pero existía en la gente la idea de que se iba por un rumbo acertado: con un crecimiento económico que muchos pensaron sería eterno y que íbamos derechito hacia el primer mundo. Incluso varios medios acompañaron esa creencia y la clase media y alta creían que el crecimiento era irreversible. Ahora se evidencia que no era así. Más bien, se trasluce la precariedad de ese crecimiento. El país es muy vulnerable a los precios internacionales, el subdesarrollo se refleja demasiado en la infraestructura, en la escasez de energía, ahora se suma el problema del agua.
Pero, ¿el origen de esa vulnerabilidad está afuera, como dice el gobierno, o adentro?
Está en el manejo insensato, por decir lo menos, de Alan García. Porque el rumbo lo da él. Este es un país presidencialista. Todo lo que se vio en la elección de la mesa directiva del Congreso, los arreglos por lo bajo con los fujimoristas, el maltrato a los periodistas, los términos de guerra para referirse a los indígenas de la amazonía, también influyen para que García tenga ahora apenas un 20% de aprobación.
Lo que está claro es que la gente ya se cansó de esperar.
La gente se da cuenta de ese panorama, y ya no quiere seguir esperando. Por eso las protestas se han disparado. Es más, ahora comienza un ciclo de ajustes. Y los trabajadores lo saben bien: si no protestan, esos ajustes los perjudicarán más. El ministro Valdivieso, que ha venido del FMI, sabe que esos ajustes no son equitativos. Yo digo, ¿por qué no habla de la reforma tributaria? ¿Por qué no se refiere a la tributación por ganancias extraordinarias de los mineros?
¿Cuál prevé que será la respuesta del gobierno? Indicios de diálogo real no parecen haber.
El gobierno tiene ahora dos caminos: o se establece un clima de diálogo y consenso y se aplica una política distinta, que ubique otras prioridades en la economía (inversión en educación pública, en salud, en infraestructura, en desarrollo agrario) y fortalece la democracia, o persiste en el manejo elitista de la economía, en el beneficio a las grandes empresas petroleras, mineras o de telecomunicaciones. Si prefiere la segunda opción, me temo que puede optar por la mano dura. Es decir, un régimen de respuesta vertical y autoritaria, en donde la democracia sea solo un ropaje. Eso sería incompatible con los postulados del propio Apra.
¿Qué sensación le dejó la derogatoria de los decretos conocidos como la Ley de la Selva?
Esa derogatoria ha vuelto a colocar sobre el debate nacional la cuestión indígena. Además, ha revalorado la importancia del consenso. Eso evidencia que cuando no se consulta y se intenta imponer algo, surgen errores e inmediatamente llegan las protestas. Es verdad, muchas veces pueden ser medidas radicales, como sucedió con los amazónicos, pero el resultado ha sido que el Congreso acogió la demanda y determinó, por mayoría, derogar esos decretos. Pienso que esto, realmente, puede significar una experiencia muy positiva.
El tema es si el gobierno lo considera así para que ello genere un cambio en el manejo del país.
Puedo asegurar que hay varios analistas cercanos al gobierno pensando que es mejor apelar al consenso antes que imponer. Esa idea debe llegar al propio presidente.
¿Y cree que eso suceda?
Dentro del Apra y del gobierno hay sectores que piensan distinto. El gobierno tiene un ala radical, los empresarios también. Esas facciones piensan que se puede desconocer acuerdos del Congreso e imponer a rajatabla lo que se pretenda.
En todo caso, ¿el Congreso puede haber marcado una nueva pauta hacia adelante?
En este tema el Congreso no se ha puesto de espalda a muchos periodistas e intelectuales que pedían la derogatoria. Más bien, ha optado por escuchar. Actuar de otro modo habría sido dar un golpe al país. Con esto el Congreso se ha revalorizado ante la ciudadanía. Su legitimidad se eleva. Es una forma de intentar subir su escaso nivel de aprobación. Por ejemplo, Velásquez Quesquén había hecho una hazaña espectacular: en poquísimos días la aprobación al Congreso bajó del 12 al 9%. Fue increíble. Pero Velásquez Quesquén lo hizo.
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