El 2008 termina con dos hechos relevantes para la lucha anticorrupción. El 23 de diciembre, el primer ministro presentó el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, cumpliendo con un ofrecimiento hecho a los peruanos en su presentación al Congreso. Y, el viernes, el presidente García presentó al Parlamento a Ingrid Soraya Suárez como su candidata para asumir el cargo de contralora general de la República.
Un Plan Nacional Anticorrupción y un proceso abierto e independiente para elegir a la autoridad máxima del sistema nacional de control son, sin duda, pasos adelante. En cuanto al Plan, es un punto de partida que muestra un necesario liderazgo del Ejecutivo. Tiene aciertos como emprender la real aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la información, plantearse el desafío de diseñar un mecanismo de coordinación de las instituciones que administran justicia para que esta verdaderamente funcione, agilizar el control, reducir los márgenes de impunidad y alentar la participación ciudadana informada, convocando a empresarios, periodistas y organizaciones de la sociedad civil para la lucha contra la corrupción.
Y en el nombramiento del contralor, más allá de los méritos de la candidata, quiero resaltar la importancia de que el presidente haya hecho suya la selección de la comisión y, con esta medida, esté validando un nuevo procedimiento para elegir autoridades. Las críticas son recias, se ha dicho que el Plan es una lista de lavandería, que es insuficiente, que no hay una institucionalidad que coordine (lo que antes se rechazó de plano) o que la candidata no es de la oposición.
Es fácil destruir y difícil construir en el Perú. Nadie cree en nadie, menos en las instituciones, lo que se traduce en dos perversiones muy peruanas: una, si otro hace algo aparentemente altruista, debe ser motivo de sospecha. ¿Por qué lo habrá hecho?, ¿qué quiere?, ¿qué me está quitando? ¿Por dónde me están engañando? Y dos, para qué hacer algo si nada va a cambiar; si, a pesar de todo, siempre va a ser así. Lo que en el fondo quiere decir que el que hace, el que cree e insiste termina siendo un idiota o, cuando menos, un ingenuo.
En la V Encuesta Anticorrupción de Proética se repite una respuesta que demuestra, de manera evidente, la falta de credibilidad de la gente en las instituciones. Cuando se le pregunta si denuncia un acto de corrupción, el 92% dice que no porque no tiene sentido hacerlo, nada va a ganar y, por el contrario, tiene mucho que perder. Es, pues, muy serio, estamos hablando de formas de desconfianza y derrotismo profundas.
Bueno, superando la natural desconfianza peruana, creo que es un riesgo que hay que tomar. Felicitamos al presidente y al primer ministro por estas iniciativas y que el 2009 sea el inicio del gran cambio que necesitamos. Pero sin trucos ni ingenuidad.
Un Plan Nacional Anticorrupción y un proceso abierto e independiente para elegir a la autoridad máxima del sistema nacional de control son, sin duda, pasos adelante. En cuanto al Plan, es un punto de partida que muestra un necesario liderazgo del Ejecutivo. Tiene aciertos como emprender la real aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la información, plantearse el desafío de diseñar un mecanismo de coordinación de las instituciones que administran justicia para que esta verdaderamente funcione, agilizar el control, reducir los márgenes de impunidad y alentar la participación ciudadana informada, convocando a empresarios, periodistas y organizaciones de la sociedad civil para la lucha contra la corrupción.
Y en el nombramiento del contralor, más allá de los méritos de la candidata, quiero resaltar la importancia de que el presidente haya hecho suya la selección de la comisión y, con esta medida, esté validando un nuevo procedimiento para elegir autoridades. Las críticas son recias, se ha dicho que el Plan es una lista de lavandería, que es insuficiente, que no hay una institucionalidad que coordine (lo que antes se rechazó de plano) o que la candidata no es de la oposición.
Es fácil destruir y difícil construir en el Perú. Nadie cree en nadie, menos en las instituciones, lo que se traduce en dos perversiones muy peruanas: una, si otro hace algo aparentemente altruista, debe ser motivo de sospecha. ¿Por qué lo habrá hecho?, ¿qué quiere?, ¿qué me está quitando? ¿Por dónde me están engañando? Y dos, para qué hacer algo si nada va a cambiar; si, a pesar de todo, siempre va a ser así. Lo que en el fondo quiere decir que el que hace, el que cree e insiste termina siendo un idiota o, cuando menos, un ingenuo.
En la V Encuesta Anticorrupción de Proética se repite una respuesta que demuestra, de manera evidente, la falta de credibilidad de la gente en las instituciones. Cuando se le pregunta si denuncia un acto de corrupción, el 92% dice que no porque no tiene sentido hacerlo, nada va a ganar y, por el contrario, tiene mucho que perder. Es, pues, muy serio, estamos hablando de formas de desconfianza y derrotismo profundas.
Bueno, superando la natural desconfianza peruana, creo que es un riesgo que hay que tomar. Felicitamos al presidente y al primer ministro por estas iniciativas y que el 2009 sea el inicio del gran cambio que necesitamos. Pero sin trucos ni ingenuidad.
