En 180 días calendarios se fijó el plazo para regularizar las habilitaciones urbanas y las edificaciones que se ejecutaron en el país sin licencia ni conformidad de obra entre el 20 de julio de 1999 y el 25 de setiembre del 2007, cuando se dio la Ley de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones (29090).
El plazo fue establecido por la Ley 29300, que ayer fue publicada en el boletín de normas legales del diario oficial "El Peruano".
La norma modifica el artículo 30 de la Ley 29090, que se refería solo a la regularización hasta el 31 de diciembre de este año de edificaciones sin licencia.
Ese plazo se ha extendido hasta mediados de junio del 2009, comentó Marco Tulio Gutiérrez, especialista en derecho municipal. Empero, anotó, queda pendiente la emisión de un decreto supremo sobre el procedimiento de formalización de las habilitaciones urbanas.
En el caso de edificaciones, la Ley 29300 precisa que serán demolidas todas aquellas que hayan incumplido las normas urbanísticas y de protección del patrimonio histórico y el plazo de 180 días para formalizarse.
Daniel Núñez Zúñiga, gerente de Desarrollo Urbano de Surco, indicó que solo se podrá regularizar aquellas habilitaciones urbanas y edificaciones que no invadieron áreas públicas ni el retiro municipal. "La medida dada busca facilitar el procedimiento de regularización de edificaciones ya existentes", dijo.
La aplicación de la medida no será fácil en distritos con alto índice de construcciones informales. "Salvo que se establezca un procedimiento específico que deberán seguir los municipios, será difícil regularizar habilitaciones urbanas que invaden derechos de vías metropolitanas y han construido lotes en áreas que debían reservarse para parques y colegios", dijo Carmen Machecado, gerenta de Desarrollo Urbano de San Martín de Porres.
MÁS DATOS
4La Municipalidad de San Borja ha recibido solo siete expedientes para el procedimiento de regularización de edificaciones dado por la Ley 29090. En Surco no hay más de veinte casos.
4La demolición es el punto final del proceso coactivo que siguen las municipalidades contra las edificaciones que transgredan los parámetros de altura y de zonificación del distrito.
