Por Sinesio López Jiménez
Antes revelaron lo que hoy ocultan. El significado de las cosas en la política no es siempre el mismo. Depende no solo del sentido que los políticos buscan otorgar a sus actos sino también del contexto en el que actúan. El interés de una gran corporación (en competencia) con sangre en el ojo hizo estallar el escándalo de los petroaudios, que mostraban la vergonzosa corrupción del gobierno aprista en la concesión de los pozos petroleros a otra corporación, buscando llevarse de encuentro, al mismo tiempo, a Petroperú y a sus altos funcionarios. Hoy el gobierno ha logrado controlar la situación que se le había escapado de las manos.
Quedan, sin embargo, algunos muertos y heridos: la Discovery Petroleum International, Petroperú y sus intentos de volver a la exploración. El fujimorismo y UN acudieron en auxilio de García y del gobierno elaborando el vergonzoso informe en mayoría de la Comisión Investigadora para ocultar la corrupción. La coalición derechista trata de controlar los daños, limpia a los ministros de toda responsabilidad y circunscribe la corrupción a una red de funcionarios públicos en connivencia con algunos empresarios y sus representantes.
Al mismo tiempo la Fiscalía y García (en coordinación) tienden una cortina de humo del ocultamiento del delito; presentan y colocan en el primer plano de la escena a los autores de los petroaudios y del chuponeo, desplazan al último plano a la corrupción que estalló en su cara; ponen en tensión las relaciones del gobierno con la Marina, tratando de salvar al almirante Giampietri, primer vicepresidente; manipulan a la opinión pública y a los medios que gustosamente se dejan manipular. Algo más: el gobierno y el Apra buscan invertir la figura. Los malos de la película ya no son los verdaderos corruptos sino los mensajeros que presentaron los petroaudios de la corrupción.
En realidad, se trata de escarmentar a los que denuncian la corrupción. García imparte, incluso, lecciones a los futuros denunciantes. No vayan, les dice, a los medios. Vayan a la Fiscalía (que está bajo mi control). Se escucha una estruendosa carcajada. Este el verdadero faenón. ¿Por qué el fujimorismo, UN y el Apra han formado esta coalición del ocultamiento? Mi hipótesis es que la coalición de derecha busca principalmente dos cosas. Por un lado, impedir la fusión explosiva de crisis y corrupción que puede acabar con el gobierno de García en malos términos. La coalición no quiere que la experiencia dramática de fines de los 80 se repita.
Por otro lado, esa coalición busca también salvar el modelo neoliberal ocultando la corrupción. Yamashiro, congresista de UN, sostuvo en el debate que, en estos momentos de crisis internacional, no hay que dudar de todo lo que hace el gobierno, de sus políticas (concesiones, exoneraciones tributarias, óbolos, etc.), que la corrupción es localizada y no generalizada, que ella se circunscribe a una red de funcionarios, que los ministros no han cometido delito alguno y que si tuvieron alguna responsabilidad, esta ya fue sancionada con su renuncia.
En realidad, el modelo neoliberal y la corrupción están estrechamente asociados tanto en el contenido de sus políticas (privatizaciones, concesiones, autorregulaciones, exoneraciones, convenios de estabilidad tributaria) como en la forma de gerenciarlas y gestionarlas. La destacada politóloga brasileña Eli Diniz, entre otros, ha señalado en su libro Crise, Reforma do Estado e Governabilidade (Fundacao Getulio Vargas, Río de Janeiro, 1997) que la concentración de las decisiones en la cúpula del gobierno y en los poderes fácticos, la toma oculta de decisiones (los decretos de urgencia), la imposición de diseños y políticas son características comunes a todos los gobiernos neoliberales de AL que implican una falta de rendición de cuentas (accountability) a las instituciones de control y a los ciudadanos.
El estallido temprano del escándalo del chuponeo telefónico impidió que se consumara el delito por parte de los ministros y de la cúpula gubernamental. La Comisión Investigadora no ha podido encontrar el cuerpo del delito. El informe en minoría de esa Comisión encontró solo responsabilidades políticas, pero no delitos. Eso los hace pasibles de una acusación constitucional y punto. Si el escándalo se hubiera producido en el 2011, los vestigios de los delitos habrían aparecido esparcidos por doquier: el financiamiento de la campaña electoral de algún candidato oficialista, otro lujoso departamento en París, Londres o Nueva York, cuentas cifradas en algún paraíso financiero, desbalances patrimoniales, etc. Tengo la impresión que para García y algunos ministros el escándalo de los petroaudios ha sido una especie de delictus interruptus.
