La privatización de la inteligencia militar

Por Mirko Lauer

El caso Business Track ha puesto de relieve la zona oscura donde se traslapan la comunidad de inteligencia militar (fondos públicos), los servicios de seguridad a las empresas (intereses privados), y el delito de espionaje a las personas. No se ha descubierto nada nuevo, pero esta vez marinos y ex marinos se equivocaron de chuponeados.

Vladimiro Montesinos puso en valor la posibilidad de un negocio en el uso de infraestructura y expertise castrenses para promover intereses privados. En dos decenios una efectiva demanda de seguridad para las empresas ha convertido la idea en un rubro comercial reconocido: tecnología de reemplazo de una seguridad pública desfalleciente.

Pero la línea que separa usar la informática para defenderse del delito y cometer delito informático para lograr ventajas comerciales ha demostrado ser sumamente delgada, y la tentación de cruzarla muy grande. Sobre todo en un país donde el chuponeo como iniciativa pública y privada ya es una larga tradición.

Business Track es una de numerosas empresas que se dedican más o menos a lo mismo: poner tecnología informática al servicio de quien la contrate. Probablemente no todas estas empresas están dispuestas a cruzar la línea de la ilegalidad, pero ante aquellas dispuestas a hacerlo no parece haber mucha capacidad estatal de impedírselo.

Así como es clave para un Estado poder ejercer el monopolio de la violencia, se ha vuelto indispensable poder ejercer supervisión sobre la intersección de tecnología y espionaje. Entre otros motivos, porque lo que puede hacer Business Track lo puede hacer cualquier potencia extranjera, por contrato o por su cuenta. 

Hay quienes se han apresurado a diferenciar totalmente entre la Marina de Guerra y el caso Business Track, un ejercicio que le corresponde más bien al Poder Judicial. Pero aun si aceptamos que no hay una complicidad entre la Marina y los acusados, sí estamos por lo menos ante un caso de responsabilidad institucional.

Los institutos armados no pueden entrenar personas en técnicas de inteligencia y contrainteligencia, y luego de un tiempo, como universidades, simplemente soltarlos en plaza para que apliquen esos conocimientos de la manera que les parezca. Debemos suponer que existe un código para quienes han tenido acceso a secretos y recursos del Estado.

La idea misma de contrainteligencia supone una capacidad de detectar, monitorear o denunciar a quienes están realizando actividades de inteligencia por su cuenta en el territorio nacional. Decir que la Marina no ha tenido nada que ver con el asunto no es, pues una efectiva exculpación, y mucho menos un elogio del uso que les viene dando a los recursos públicos.